La Corte revoca fallo y restablece derogación de la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió anular la sentencia emitida por la Cámara Federal de La Plata, que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Este fallo favoreció al Estado Nacional, que había apelado la decisión de la Cámara en relación a la derogación de la Ley de Tierras.

A través de este dictamen, el máximo tribunal resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tiene la legitimación necesaria para presentar un amparo colectivo que impidiera la aplicación del DNU. Los jueces concluyeron que no existía un caso o controversia pertinente que justificara la intervención del Poder Judicial en esta materia, desestimando así la visión de la Cámara sobre la soberanía nacional.

El artículo en cuestión había derogado la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección del dominio nacional sobre tierras rurales, lo cual era considerado de orden público. La anulación de esta norma, que se había establecido para regular la propiedad de tierras rurales y su tenencia, permite que vuelva a regir la normativa anterior, desarticulando de facto las protecciones que otorgaba.

Este conflicto legal se originó a finales de 2023 cuando el CECIM demandó al Poder Ejecutivo con el objetivo de que se declarara la inconstitucionalidad del DNU en cuestión. La organización argumentó que la derogación de la Ley de Tierras generaría un daño irreparable al pueblo argentino y que como defensores de los derechos soberanos en el Atlántico Sur, estaban legitimados para actuar en esta causa.

A pesar de los argumentos presentados por el CECIM acerca del impacto negativo que tendría la derogación de la Ley de Tierras, la Corte no emitió un juicio sobre la validez constitucional del DNU, limitándose a establecer que la acción del Centro no estaba justificada desde un punto de vista procesal.

Esta resolución tiene implicaciones directas en el marco normativo sobre la tenencia de tierras, lo que puede afectar la política agraria y la administración de recursos en el país. Con la derogación restablecida, se abre un debate sobre la gestión de tierras en el ámbito nacional y las estrategias para salvaguardar la soberanía.

En el futuro cercano, se espera un análisis más profundo sobre las implicancias de esta decisión y cómo se traducirán en políticas públicas, dado que la normativa sobre tierras es un tema sensible en diversas regiones del país.