La Corte Suprema aclara su fallo sobre la Ley de Tierras Rurales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha publicado un comunicado oficial para esclarecer su reciente fallo sobre la Ley de Tierras Rurales, en respuesta a la fuerte oposición y repudio que generó. En este documento, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti enfatizaron que su pronunciamiento se centró en cuestiones procesales, y no se posicionó sobre el régimen legal de tierras en sí.

El origen de la controversia se remonta a la revocación, por parte de la Corte, de un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Este DNU, emitido por el Poder Ejecutivo, derogaba la Ley de Tierras Rurales, la cual limita la adquisición de terrenos en territorio nacional por parte de extranjeros. En este contexto, la Corte argumentó que las entidades que solicitaron la medida cautelar carecían de legitimación procesal, ya que la soberanía nacional debe considerarse un bien colectivo.

Como consecuencia de la resolución de la Corte, actualmente no existen restricciones para que personas físicas, empresas o Estados extranjeros compren tierras rurales en cualquier zona del país, incluidas las áreas de frontera. Esta decisión ha suscitado un clima de inquietud y descontento, no solo en sectores políticos, sino también en diversas organizaciones que abogan por la defensa de la soberanía territorial.

Los jueces del tribunal afirmaron ser objeto de ataques en redes sociales, a los que calificaron de discursos de "odio" y "descalificación". En su defensa, manifestaron que aunque la crítica institucional es válida, el ataque personal y el agravio al sistema judicial perjudican el funcionamiento de la democracia. Según la Corte, el fallo no impide que otros actores puedan presentar medidas cautelares ante lo judicial, ni obstaculiza el debate legislativo que se desarrolla en el Congreso de la Nación sobre el tema.

Además, la Corte ha indicado que no tiene intención de abordar la cuestión del régimen de tierras hasta que se presenten demandas formales sobre la materia, asegurando que hasta la fecha no existe una posición oficial al respecto. Este escenario marca un punto crítico en la discusión sobre las leyes que regulan la compra de tierras, con implicaciones que podrían afectar diversas áreas, desde la agricultura hasta la seguridad nacional.