La Corte Suprema autorizó el desalojo de una comunidad mapuche en Villa La Angostura
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó las órdenes de desalojo contra la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao en Villa La Angostura. La decisión afecta terrenos del municipio y propiedades privadas, desestimando sus reclamos sobre la tierra.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado las órdenes de desalojo de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao sobre varias parcelas en Villa La Angostura, Neuquén. Este fallo se produce tras la presentación de reclamos por parte de la comunidad, que solicitaba reconocimiento territorial y derechos sobre los terrenos en disputa, pero los jueces decidieron que las apelaciones carecían de fundamento legal suficiente.
Existen dos causas que han llevado a esta resolución. La primera fue iniciada por la Municipalidad de Villa La Angostura contra cualquier ocupante de un terreno utilizado como Parque Recreativo Municipal Lago Correntoso. Un juez civil provincial falló a favor del municipio, ordenando la devolución de la propiedad y el pago de una compensación económica por daños. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones suspendió temporalmente el proceso a la espera de un relevamiento de tierras según una ley de 2006, que establece la emergencia territorial para comunidades indígenas.
El conflicto escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que finalmente reafirmó la posición del municipio, argumentando que el terreno es esencial para el suministro de agua a Villa La Angostura. Además, afirmaron que la comunidad mapuche no habitaba en dichas tierras antes de la promulgación de la ley en 2006, lo que debilitó sus reclamos.
La segunda causa implicó a Ana María Bianchedi, quien solicitó la restitución de un inmueble que la comunidad reclamaba como parte de su territorio ancestral. Bianchedi pudo demostrar que adquirió la propiedad en 1970, y el Tribunal Superior desestimó las alegaciones de la comunidad al no encontrar evidencia de una ocupación histórica en el área.
El Tribunal también tomó en cuenta el procesamiento de un miembro de la comunidad lo que añade un matiz adicional a la disputa. Esta compleja situación legal destaca las tensiones entre derechos territoriales de comunidades indígenas y derechos de propiedad privada en un contexto donde la tierra y el agua son recursos escasos y fundamentales.