La Corte Suprema autorizó venta de tierras a extranjeros, generando rechazo en la Patagonia

La reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina, que permitió la venta de tierras a extranjeros al revocar una sentencia anterior, ha reavivado el debate sobre la protección de los recursos naturales y el control territorial del país. La Corte anuló la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto presidencial 70/23, el cual había derogado las protecciones que limitaban la adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de extranjeros.

Esta resolución ha causado un fuerte rechazo en la política patagónica. Juan Pablo Luque, diputado nacional y figura destacada de Comodoro Rivadavia, denunció que esta medida representa un serio agravio a la soberanía argentina y advirtió sobre el potencial riesgo que implica para la gestión de recursos vitales como el agua. Cabe destacar que la norma eliminada era la única que desde 2011 establecía límites a las ventas inmobiliarias en áreas estratégicas, por lo que su derogación es motivo de preocupación en la región.

El caso tuvo un extenso recorrido judicial que culminó en la Corte Suprema después de que tribunales federales en La Plata habían dictado varias resoluciones, algunas a favor y otras en contra de la derogación del decreto. Durante este proceso, un juez había emitido una cautelar para frenar la derogación, pero finalmente la Corte ignoró el fondo del asunto, limitándose a un argumento técnico relacionado con la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas para presentar la demanda.

Los magistrados argumentaron que la soberanía territorial del país no puede ser considerada un derecho de incidencia colectiva que pueda ser reclamado por una asociación civil. Esta postura formal, sin una evaluación del impacto que la decisión tiene en la soberanía nacional, ha generado indignación, especialmente entre los veteranos de guerra, quienes sienten que sus contribuciones no fueron debidamente reconocidas.

Luque declaró que este fallo es un claro antecedente peligroso para la soberanía y la democracia en Argentina, enfatizando la necesidad de proteger los intereses del país frente a posibles operaciones extranjeras que podrían comprometer recursos esenciales para la población. En este contexto, hizo un llamado a sus colegas del Congreso para que se posicionen firmemente en defensa de la soberanía nacional.

El fallo también dejó abierta la posibilidad para que el Congreso revise el decreto, lo que se presenta como una última instancia para contener la injerencia extranjera en la adquisición de tierras nacionales. Ante esta controversia, es probable que se intensifiquen los debates legislativos en torno a la protección de los recursos naturales, y se espera que los diputados actúen prontamente para abordar esta preocupación.