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La Corte Suprema confirma restricciones a inspecciones privadas en Bariloche

La Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo que limita la participación de empresas privadas en la inspección municipal de tasas en Bariloche. Esta decisión es el resultado de un caso entre el Municipio y PepsiCo, relacionado con deudas por publicidad en los años 2016-2018.

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La Corte Suprema confirma restricciones a inspecciones privadas en Bariloche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que restringe el rol de empresas privadas en las inspecciones vinculadas a la recaudación de tasas municipales en Bariloche. Esta medida surge de una disputa entre la Municipalidad local y la empresa PepsiCo, que cuestionó la validez de una deuda impuesta por derechos de publicidad y propaganda.

El conflicto se originó cuando la Administración municipal reclamó a PepsiCo el pago de tasas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018, basándose en relevamientos realizados por una empresa privada contratada. Sin embargo, la empresa alegó que dicha firma no solo brindaba asesoramiento, sino que también desempeñaba funciones de inspección que deberían corresponder exclusivamente a funcionarios municipales.

La Corte subrayó que aunque los municipios tienen la autoridad para establecer y cobrar derechos, las tareas de inspección y verificación deben ser realizadas por agentes públicos, lo que asegura el cumplimiento de la legislación local y otorga un mayor control sobre los procesos tributarios. Esta decisión es clave, ya que la Carta Orgánica de Bariloche estipula que el poder tributario no puede ser delegado.

El fallo resalta la importancia de mantener a los funcionarios públicos en la primera línea de las tareas de relevamiento y control, con el objetivo de preservar la autonomía y la soberanía de las municipalidades sobre sus facultades tributarias. Esto implica que cualquier gestión externa debe limitarse a funciones asesoras y no a la ejecución de tareas administrativas que pueden comprometer la integridad del sistema municipal.

Desde el inicio del conflicto, la posición de la Municipalidad fue que la contratista actuaba dentro de un marco legal, alegando que la contratación tenía como propósito mejorar la eficiencia en la recaudación. Sin embargo, el tribunal consideró que el procedimiento aplicado era inválido, afectando directamente la autonomía del Municipio en la gestión de sus propios recursos.

La decisión de la Corte también podría tener implicaciones más amplias para otros municipios de la región, limitando el uso de servicios privados en procesos administrativos similares. Con este fallo, se establece un precedente que puede influir en futuras contrataciones y en la forma en que se gestionan las tasas municipales en la Patagonia.

El siguiente paso para la Municipalidad de Bariloche será adaptarse a este nuevo marco, que exige el uso exclusivo de funcionarios para las inspecciones, lo que podría transformar su enfoque en la gestión de cobranzas y el control tributario en el futuro.

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