La Corte Suprema decidirá sobre un amparo de Bariloche contra la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de Argentina abordará en breve un amparo interpuesto por la asociación civil Árbol de Pie, originaria de Bariloche, que busca impugnar la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una normativa clave en la regulación de la venta de tierras a inversores extranjeros. Esta situación se torna relevante tras la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, emitido por el presidente Javier Milei, que eliminó la ley, afectando así el marco jurídico que aseguraba cierta protección ambiental y social en el uso del suelo.

El DNU en cuestión provocó la suspensión de ciertas regulaciones que requerían un mayor control sobre las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros, medida que había sido objeto de un amparo que frustró algunos intentos anteriores de cuestionar esta derogación. Ahora, el recurso presentado por Árbol de Pie, junto a comunidades mapuches, ha sido evaluado y lleva consigo la previsión de designar conjueces para evaluar este caso específico.

La secretaria de la ONG, Ana Wieman, expresó un optimismo cauteloso sobre el desenlace del amparo, subrayando que el documento cumple con todos los requisitos necesarios y se espera que la Corte aborde el fondo del asunto. En contraste, un recurso similar interpuesto por un grupo de excombatientes de Malvinas fue desestimado debido a la falta de legitimación.

El amparo de Árbol de Pie se enmarca dentro de una perspectiva ambiental y de derechos colectivos, señalando cómo la derogación de la Ley de Tierras no solo afecta a la gestión ambiental del país, sino también a los derechos de los pueblos originarios. Los abogados a cargo del caso han fundamentado su argumento en que la ley previa era esencial como “presupuestos mínimos en materia de ambiente”, lo que obligaba al Estado a proteger los recursos naturales y el territorio de las comunidades.

La Ley 26.160, que establece el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, está vigente y su cumplimiento se vuelve crucial en este contexto. La incertidumbre jurídica actual para estas comunidades puede acentuarse con la eliminación de garantías dispuestas por la norma que se desea restablecer.

Así, la decisión de la Corte no solo podría restaurar una legislación fundamental para el control de la propiedad de la tierra en Argentina, sino que también marcaría un precedente sobre la relación entre el Estado y los pueblos originarios, revelando la importancia del respeto a sus derechos en la gestión del territorio nacional.