La Corte Suprema eliminó el límite de venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia de Argentina dictó una sentencia que revoca un fallo de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. Esta decisión elimina el límite sobre la venta de tierras rurales a extranjeros, lo que ha generado un importante debate en el ámbito legislativo y social. El tribunal justifica su rechazo a la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación, lo que significa que dicha entidad no tenía derecho para presentar la acción judicial en cuestión.

El artículo 154 del DNU 70/23 había derogado la ley 26.737, conocida como la Ley de Tierras Rurales, que restrigía la propiedad de tierras por parte de extranjeros. Al evaluar el caso, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que la falta de legitimación de la entidad demandante imposibilitaba la configuración de un caso judicial. La Corte hizo hincapié en la necesidad de cumplir con los requisitos constitucionales para la habilitación de causas legales, advirtiendo que aún hay tribunales que han fallado en reconocer tales limitaciones.

La Corte dejó en claro que su decisión no aborda la validez constitucional del mencionado artículo, ni interfiere en la competencia del Poder Legislativo para regular estas cuestiones. En este contexto, la historia reciente muestra que el vacío generado por la derogación de la ley 26.737 generó controversia y acciones judiciales. Esta ley fue restablecida temporalmente por un juez federal en enero de 2024, pero luego se dejó sin efecto, lo que ha dejado un desenlace incierto sobre estas normativas.

El fallo de la Corte se inscribe en un contexto de discusiones acerca de la soberanía nacional y la propiedad de tierras, temas sensibles en la región patagónica, donde la venta de tierras a extranjeros puede influir en el desarrollo local, la economía y el acceso a recursos naturales. Las entidades que defienden los intereses locales han manifestado su preocupación, dado que la venta de tierras a foráneos podría despojar a las comunidades de su territorialidad y afectar la gestión de recursos.

Con esta definición judicial, la patagonia se enfrenta a nuevos desafíos y a un futuro incierto respecto a la propiedad de tierras, así como su administración sostenible. Las decisiones políticas y legislativas que se tomen a partir de este fallo serán clave para definir el futuro de la propiedad rural en la región y su impacto en la economía local.