La Corte Suprema evalúa el amparo sobre la venta de tierras a extranjeros este viernes

La Corte Suprema de Justicia de Argentina se reunirá en un acuerdo extraordinario este viernes para evaluar un amparo colectivo relacionado con la venta de tierras rurales a extranjeros. El planteo fue presentado por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, la asociación ambientalista Árbol de Pie y dos comunidades mapuches, quienes argumentan que la derogación de ciertas restricciones podría afectar tanto al medio ambiente como a los derechos territoriales de los pueblos originarios.

Este caso se sitúa en un contexto marcado por el reciente fallo del tribunal, que revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Este decreto, promulgado por el gobierno de Javier Milei, dejó sin efecto parte de la Ley 26.737, que regulaba la titularidad de tierras rurales por extranjeros. En su decisión anterior, la Corte determinó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas no estaba legitimado para actuar en este tema, dejando una serie de interrogantes sin respuesta sobre el fondo del asunto.

El amparo que se debatirá este viernes destaca la necesidad de una revisión centrada en la defensa del medio ambiente y en proteger los derechos del pueblo mapuche, enfatizando la relevancia de sus territorios ancestrales. Las organizadoras del reclamo aseguran que la eliminación de la ley podría comprometer tanto la biodiversidad local como la soberanía territorial de las comunidades mapuches. Ellas y Odarda esperan que el tribunal tome en cuenta estas consideraciones al momento de decidir.

La Ley 26.737, en su versión anterior, establecía límites claros a la adquisición de tierras por extranjeros: un tope del 15% de la superficie rural en los niveles nacional, provincial y municipal, con restricciones adicionales como un máximo del 30% para una misma nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y prohibiciones para áreas ribereñas. Este marco legal fue diseñado para proteger los recursos naturales y garantizar la soberanía alimentaria del país.

La Corte tiene dos posibles caminos a seguir: puede remitir el expediente a la justicia federal de La Plata o Bariloche, donde comenzó el proceso, o pronunciarse directamente sobre la cuestión. La urgencia del caso sugiere que es más probable que la Corte elija la segunda opción, brindando una respuesta que podría reestablecer las limitaciones a la venta de tierras a extranjeros en el corto plazo.