La Corte Suprema levanta restricciones para que extranjeros compren tierras

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha revocado un fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23. Este artículo derogó la Ley de Tierras Rurales, permitiendo así una mayor apertura para la venta de tierras a extranjeros. La decisión fue unánime, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes argumentaron que la entidad que presentó la demanda carecía de legitimación para hacerlo.

En su pronunciamiento, la Corte indicó que no se podía considerar que existía un caso o controversia debido a la ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo. Este fallo también llamó la atención sobre el papel de tribunales inferiores que han aceptado legitimaciones que se apartan de la jurisprudencia establecida y de los requisitos constitucionales necesarios para habilitar una causa judicial.

La controversia se originó cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una acción de amparo buscando declarar la inconstitucionalidad del mencionado artículo. Pese a sus intentos, la Corte subrayó que no se puede considerar que dicha asociación actúe en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva según lo estipulado en la Constitución Nacional.

A finales de 2023, un decreto derogó la ley 26.737, que protegía la propiedad nacional sobre tierras rurales. Esta medida fue inicialmente revertida por un juez federal, pero luego esta decisión fue considerada errónea por la Corte, reafirmando que la demanda no tenía fundamentación legal. Así, el máximo tribunal reiteró que la legitimación debe ser mantenida dentro del marco del derecho constitucional.

La actividad agrícola y ganadera es significativa en la región patagónica, y el acceso a tierras ha sido un tema delicado en términos de soberanía y economía nacional. La decisión de la Corte podría impactar en la dinámica de compra y venta de tierras, especialmente en áreas con fuerte actividad económica relacionada con el agro y la producción.

Como paso siguiente, se espera cómo el Poder Legislativo responderá a esta apertura y qué regulaciones se establecerán para equilibrar la venta de tierras y la protección de los intereses nacionales. Este fallo puede tener implicaciones significativas no solo en la Patagonia, sino a nivel nacional.