La Corte Suprema ratifica fallo contra Bariloche sobre tareas tributarias delegadas

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó un fallo que anula la deuda tributaria que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche reclamaba a Pepsico de Argentina SRL. Esta decisión se basa en la controversia sobre la validez de delegar a una empresa privada las tareas necesarias para determinar el monto del impuesto de publicidad y propaganda que la compañía debía abonar por los años 2016 a 2018.

El origen del conflicto radica en que el municipio, para establecer el monto requerido, había contratado a una firma privada que realizó relevamientos y verificaciones sobre la actividad de la empresa. Pepsico impugnó este procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 3 argumentando que tales tareas no podían recaer en manos de particulares, ya que forman parte integral del proceso de determinación y cobranza del gravamen por parte del Estado.

La defensa del municipio se sustentó en la capacidad de delegar ciertas funciones a una firma privada para mejorar el relevamiento de información que luego se utilizaría para fundamentar el reclamo. Sin embargo, la justicia de primera instancia determinó que esta delegación no era válida y que solo podían ser llevadas a cabo por funcionarios públicos, quienes tienen la facultad tributaria correspondiente.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Negro reafirmó la nulidad de los actos administrativos a favor del municipio, mencionando que las determinaciones realizadas por personal no funcionario carecían del valor de un documento público. Con esta decisión, la deuda que Bariloche intentaba cobrar a Pepsico fue invalidada.

Pese a esto, el municipio de Bariloche buscó elevar el caso a la Corte Suprema, presentando un recurso extraordinario que fue finalmente rechazado. Tras este rechazo, la municipalidad intentó una queja directamente ante el máximo tribunal del país. La Corte resolvió inadmisible esta presentación, cerrando así el asunto.

Este fallo tiene implicaciones significativas para la responsabilidad de los municipios en la gestión de sus funciones tributarias, estableciendo un claro límite respecto a la posibilidad de delegar tareas fundamentales a empresas privadas. Esta situación puede afectar la forma en que las municipalidades implementan sus políticas fiscales en la región.