La Corte Suprema ratificó el DNU que permite la venta ilimitada de tierras a extranjeros

En un fallo controvertido, la Corte Suprema de Justicia de Argentina decidió revocar una sentencia de 2024 que había referido a la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitía la venta ilimitada de tierras a extranjeros. La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, deja vigente el artículo del DNU 70/2023, que elimina las restricciones previamente vigentes sobre la venta de terrenos a extranjeros, restableciendo un marco legal que muchos consideran problemático para la soberanía nacional.

El DNU en cuestión forma parte de los cambios implementados por la administración del presidente Javier Milei, quien en 2023, en su primera cadena nacional, derogó la Ley de Tierras. Esta ley, sancionada en 2011, establecía limitaciones que limitaban al 15% la cantidad de tierras que podían estar en manos de extranjeros, además de fijar un tope de 1.000 hectáreas por titular en las zonas más productivas del país. Al eliminar estas restricciones, el Gobierno busca abrir el mercado de tierras a inversión extranjera, lo que ha generado fuertes críticas y preocupaciones en distintos sectores de la población.

La decisión de la Corte ha sido cuestionada por diversas organizaciones, incluyendo al Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que presentó un recurso de amparo argumentando que la derogación de la Ley de Tierras pone en peligro la soberanía del país. Sin embargo, la Corte determinó que el CECIM carecía de legitimidad para presentar esta demanda, lo que pone de relieve las tensiones entre el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil.

El análisis de este fallo se da en un contexto donde el Gobierno había solicitado modificaciones legislativas a la Ley de Tierras, pero tras enfrentar resistencia tanto en el Congreso como en la opinión pública, esta propuesta fue retirada. La presión social y las movilizaciones en defensa de la soberanía nacional evidencian un amplio descontento respecto al tema de la extranjerización de recursos estratégicos y tierras.

Este fallo reabre un debate que había tomado fuerza desde los inicios de la administración actual y que tiene repercusiones en varias provincias argentinas, donde las actividades agropecuarias son fundamentales para la economía. La posibilidad de que tierras productivas caigan en manos extranjeras despierta inquietudes sobre el futuro agrícola y económico del país.

A partir de esta resolución, se espera que continúen las manifestaciones y se intensifique la discusión en torno a la Ley de Tierras y la soberanía nacional. Grupos opositores seguro buscarán vías legales y políticas para cuestionar esta decisión y frenar los efectos de lo que consideran una mercantilización de los recursos de Argentina.