La Corte Suprema reafirma la Ley de Tierras en Río Negro y se espera audiencia pública

La Corte Suprema de Justicia de Argentina volvió a poner en vigencia la Ley de Tierras Rurales, lo cual fue celebrado por los amparistas de Bariloche y otros sectores en Río Negro. Esta ley había sido derogada por un decreto del gobierno nacional, lo que llevó a los amparistas a iniciar una batalla legal que se viene desarrollando desde hace casi tres años. A partir de ahora, la atención se trasladará a Bariloche, donde se espera que se convoque a una audiencia pública para debatir sobre la continuidad de la ley y su impacto en la comunidad.

El amparo que solicita la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/23 fue impulsado por la asociación ambientalista local, Árbol de Pie, junto con representantes de comunidades mapuches y la legisladora provincial Magdalena Odarda. La causa pasó por diversos juzgados antes de llegar a la instancia más alta del país, que otorgó una medida cautelar para rehabilitar la ley en cuestión. Esta resolución demanda un nuevo enfoque que contrarresta lo determinado por el decreto por parte del gobierno.

El abogado de los amparistas, Martín Palumbo, destacó que la Corte ha reconocido la legitimidad de quienes firmaron el amparo y ha evidenciado los potenciales daños medioambientales asociados a la derogación de la ley. La importancia del acuerdo de Escazú, que establece la obligación del Estado de proteger el medio ambiente, fue un aspecto central en esta discusión, a diferencia de un planteo anterior que giraba principalmente en torno a temas de soberanía.

El próximo paso será la decisión del juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, quien se encargará de resolver el fondo de la cuestión. Esta espera es significativa, ya que se ha convocado a una sesión de Diputados que discutirá la posible nulidad del DNU 70, lo que podría marcar un giro en la resolución de esta problemática.

Ana Wieman, secretaria de Árbol de Pie, expresó su alegría por la cautelar emitida y la vigencia de la ley del 2011, aunque advirtió que se avecinan más apelaciones en el proceso. Explicó que es crucial que la comunidad se movilice el 15 de octubre para lograr el rechazo del DNU y resolver el conflicto de fondo.

La legisladora Odarda también manifestó su satisfacción con el fallo, destacando el compromiso de las organizaciones y comunidades en el proceso. Señaló la necesidad de fomentar la participación ciudadana en este tipo de decisiones y la importancia de abrir canales de discusión en Bariloche antes de que se tome una decisión final sobre el amparo.