La Corte Suprema reestablece límites a la venta de tierras a extranjeros

En un reciente giro judicial, la Corte Suprema de Justicia de Argentina emitió una medida cautelar interina que reestablece las restricciones a la compra de tierras por extranjeros en el país. La decisión fue adoptada en un fallo dividido y con la participación de dos conjueces, en respuesta a un recurso presentado por una asociación ambientalista y grupos indígenas, así como la legisladora Magdalena Odarda. Este nuevo pronunciamiento busca aclarar la situación legal tras un fallo controvertido de la misma Corte, que había revitalizado el artículo 154 del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei, responsable de eliminar las protecciones existentes sobre la venta de tierras, lo que había generado un amplio debate.

La medida de la Corte de esta semana revierte los efectos causados por un fallo anterior, en el que se había declarado inconstitucional el artículo que permitía la derogación de la ley de tierras. La decisión provocó una fuerte reacción política, con críticas de la oposición que incluso plantearon la posibilidad de derogar todo el decreto en una sesión especial. Este contexto de tensión ha llevado a la Corte a actuar rápidamente, con el objetivo de enfriar las críticas y permitir un espacio para el debate legal sin que se vean comprometidas las ventas inminentes de tierras a extranjeros.

El nuevo fallo de la Corte, firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, devuelve el caso al juzgado federal de Bariloche. Esta acción permitirá que se discuta la legitimidad de los reclamos presentados por las agrupaciones ambientalistas y las comunidades indígenas, enfatizando la importancia de la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

Mientras tanto, la Corte impuso la medida cautelar que suspende temporalmente el efecto del artículo 154 del decreto, lo cual se mantendrá vigente hasta que el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los grupos que llevaron adelante la demanda. Esta situación genera incertidumbre en el ámbito legal, ya que la discusión sobre la constitucionalidad del decreto de Milei aún no se ha resuelto, lo que podría tener importantes repercusiones en las políticas de tierras en el país.

Las decisiones sobre la propiedad de tierras en Argentina, especialmente en zonas como la Patagonia, son cruciales no solo para la soberanía territorial, sino también para la preservación del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Por ello, este fallo de la Corte se considera un paso significativo en la salvaguardia de estos derechos, a la vez que refleja las tensiones políticas en juego.

A medida que el caso avanza en Bariloche, será fundamental observar cómo las decisiones judiciales y políticas afectarán el panorama de la compra y uso de tierras en el país, particularmente en una región donde la tierra posee un valor ambiental y cultural inestimable.