La Corte Suprema respalda la liberalización de tierras en Argentina

En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia de Argentina reestableció el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual había suprimido la histórica Ley de Tierras. Esta ley regulaba la compra de tierras por parte de extranjeros, con el objetivo de proteger la soberanía territorial. La habilitación del artículo por parte de la Corte allana el camino para la liberalización del mercado de tierras en el país, permitiendo así la extranjerización de propiedades inmobiliarias.

El DNU 70/2023 había sido emitido por el gobierno de Javier Milei en un contexto en el que ya se intentaba avanzar en políticas más pro-mercado. Sin embargo, la derogación de la Ley de Tierras había generado un amplio rechazo entre diferentes sectores de la sociedad, que argumentaban que la venta de tierras a extranjeros podría poner en riesgo la soberanía nacional y la producción local. La polémica se acentuó tras el fracaso de Milei de modificar la ley en el Senado, donde no logró el apoyo necesario.

El tribunal, en su fallo reciente, ha considerado que la reactivación del artículo permitirá múltiples beneficios económicos al abrir el mercado para inversores internacionales, lo cual podría ser atractivo en un contexto de búsqueda de financiamiento y crecimiento económico. Sin embargo, este tipo de medidas también despiertan inquietudes sobre las consecuencias que podrían tener para el agro argentino, especialmente en regiones productivas.

Esas tensiones son particularmente relevantes en la Patagonia, donde el uso de la tierra es fundamental para las economías locales que dependen de la agricultura y la ganadería. Los habitantes de estas regiones, que históricamente han resistido la extranjerización, ahora ven en riesgo su patrimonio territorial, así como sus modos de vida vinculados a la tierra.

Con esta decisión, se refuerza el debate sobre el rol del Estado en la regulación de la propiedad de tierras y los límites a la propiedad extranjera. Se anticipa que las repercusiones de esta medida continuarán generando controversia entre distintos sectores sociales y políticos en el país.

Así, la decisión de la Corte suma un nuevo capítulo a la ya intensa discusión sobre la soberanía y el desarrollo en Argentina, regando un futuro incierto para las comunidades locales en distintas regiones, incluyendo la Patagonia.