La Corte Suprema revoca restricciones a la venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el pasado 29 de septiembre un fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaraba inconstitucional un artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, emitido por el presidente Javier Milei. Este decreto derogó la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión del máximo tribunal anula el bloqueo judicial, mientras que el comentario de la Corte aclara que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto en sí.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el fallo dejó sin efecto la medida de la Cámara platense, alegando que la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas carecía de legitimación y no había un caso válido para su intervención. Esto implica que a partir de esta resolución, no existen restricciones legales que impidan a cualquier persona o entidad extranjera adquirir tierras rurales en el país.

El abogado Andrés Gil Domínguez advirtió que, aunque la derogación de la ley elimina los límites de hectáreas, la compra de terrenos en áreas fronterizas se encuentra sujeta a la normativa de Zonas de Seguridad de Fronteras, que requiere autorización del Estado nacional. Por lo tanto, si bien no habrá un tope geográfico general para la adquisición de tierras, sí existen evaluaciones previas que los extranjeros deben cumplir en determinadas regiones.

La Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, había impuesto restricciones a la propiedad de tierras por parte de capitales extranjeros, con la finalidad de proteger la soberanía y el uso de recursos naturales. Con la derogación de esta norma, se reabre el debate sobre la seguridad alimentaria y la soberanía territorial en un contexto de creciente interés internacional por tierras en Argentina.

Este fallo también coincide con un periodo de inestabilidad política para el oficialismo, que el mes pasado se vio obligado a retirar una propuesta legislativa que buscaba mantener las restricciones sobre la venta de tierras rurales. Esta situación ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, quienes advierten sobre las implicancias que tendrá la flexibilización del acceso a la tierra para intereses extranjeros en el país.

De cara al futuro, las decisiones políticas y judiciales en materia de tierras continuarán siendo un tema central en la agenda pública, particularmente en relación con la defensa del territorio argentino y sus recursos. Expertos y analistas seguirán monitoreando cómo esta apertura podría afectar la dinámica económica y social en las diferentes provincias, especialmente en aquellas con economías dependientes de la agricultura y la ganadería.