La Corte Suprema suspende artículo que derogaba la Ley de Tierras Rurales

El 9 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de Argentina se reunió en un acuerdo extraordinario para decidir sobre la Ley de Tierras, específicamente sobre el controversial artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que derogaba la Ley de Tierras Rurales. Este artículo había generado un fuerte rechazo por parte de diversos actores sociales y ambientales, que argumentan que su eliminación ponía en riesgo la protección del medio ambiente y la propiedad territorial.

La medida cautelar fue solicitada por la Asociación Civil Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora de Río Negro, Magdalena Odarda. La Corte, al suspender el artículo, restableció provisoriamente las limitaciones para la adquisición de tierras por extranjeros, tal como lo establece la Ley 26.737. Esta suspensión se mantendrá hasta que el juez federal de Bariloche determine la legitimación de los actores que presentaron la demanda y examine el pedido de la medida cautelar.

La acción de amparo colectivo se originó en diciembre de 2023 ante la Justicia federal de Bariloche, donde los actores reclamaban la inconstitucionalidad del artículo del DNU, alegando que su derogación afectaba el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Este derecho es ampliamente reconocido en el marco constitucional argentino y está vinculado a la preservación de recursos naturales y la biodiversidad.

El caso tiene también un trasfondo judicial complicado, ya que la Corte había revocado un fallo previo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el mismo artículo del DNU. Esta situación refleja la incertidumbre legal y social en torno a la propiedad de tierras en una región donde el acceso y control de los recursos naturales es un tema crucial. La reactivación de la Ley de Tierras Rurales es vista como un alivio por quienes defienden la protección ambiental y los derechos de las comunidades originarias.

Esta decisión no solo tiene repercusiones legales, sino que también se inscribe en un contexto regional donde existen tensiones entre la actividad económica relacionada con la tierra y las exigencias de conservación. En la Patagonia, la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente son temas recurrentes que encuentran voces activas en la sociedad civil.

Con este fallo, se espera que el debate sobre la tenencia de tierras y su uso sostenible continúe en los estrados judiciales y en la opinión pública. La Corte abrirá nuevos plazos legales para que puedan manifestarse las distintas partes involucradas en este conflicto de tierras que sigue central en la agenda patagónica.