La Corte suspende derogación de la Ley de Tierras Rurales por medio ambiente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que se suspende temporalmente la derogación de la Ley 26.737, que regula la venta de tierras rurales a extranjeros. Esta acción se produce en respuesta a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei que había buscado derogar dicha ley. De esta forma, quedan vigentes las restricciones que limitan la compra de inmuebles rurales por parte de entes foráneos hasta que se decida sobre la cuestión de fondo.

La decisión fue tomada en una sesión de urgencia por parte de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Estos últimos se sumaron a la votación debido a que la Corte no logró alcanzar la mayoría necesaria para un pronunciamiento, siendo el voto en disidencia del juez Carlos Rosenkrantz quien expresó que el Tribunal no tenía la competencia para emitir dicha medida cautelar.

En su resolución, la Corte argumentó que era necesario adoptar medidas preventivas para evitar "eventuales daños irreparables sobre los recursos naturales y la biodiversidad" asociados a la venta indiscriminada de tierras. Esto se enmarca dentro del derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. El caso, conocido como "Árbol de Pie", pone de manifiesto la importancia del acceso a un entorno seguro y sostenible en el contexto de la protección del medio ambiente.

La Corte decidió que el expediente, una vez que sea devuelto al Juzgado Federal de Bariloche, será fundamental para las próximas instancias del proceso judicial. Mientras tanto, las restricciones para la compra de tierras por extranjeros seguirán vigentes, lo que refleja una postura firme del máximo tribunal en defensa de la soberanía territorial y la conservación ambiental.

Este contexto se presenta en un momento crítico, dado el creciente interés de inversores extranjeros en la adquisición de tierras en la Patagonia, una región que alberga una gran riqueza natural. La decisión de la Corte también resalta las tensiones existentes entre los intereses económicos y la necesidad de preservación del entorno.

Durante este tiempo de espera por un pronunciamiento formal sobre la constitucionalidad del DNU, se espera que se generen más reacciones tanto del sector político como de organizaciones ambientales, que seguirán de cerca la evolución de este caso significativo para el manejo de los recursos naturales en el país.