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La creciente mora de familias argentinas genera tensión entre bancos y el Banco Central

La morosidad creciente, que afecta a más de seis millones de familias en Argentina, desata tensiones en el sistema financiero. Los bancos piden cambios en la forma de medir este indicador al Banco Central, que resiste modificaciones en el monitoreo de la mora.

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La creciente mora de familias argentinas genera tensión entre bancos y el Banco Central

La creciente morosidad que afecta a más de seis millones de familias argentinas ha comenzado a generar fricciones significativas en el sistema financiero del país. En este contexto, bancos públicos han realzado sus preocupaciones al Banco Central de la República Argentina (BCRA), planteando la necesidad de ajustar cómo se calcula la morosidad, principalmente ante el riesgo de un "efecto de arrastre" que perturba sus balances. Este fenómeno se presenta cuando los atrasos en préstamos de billetes virtuales y otros acreedores no bancarios se trasladan a las cuentas de las entidades financieras.

Uno de los ejemplos más claros de este impacto lo presentó el Banco Macro, que reportó una morosidad del 6,25%, que sin considerar los atrasos provenientes de las fintechs, se hubiera mantenido por debajo del 4%. Esta situación resalta la complejidad del fenómeno, ya que los bancos argumentan que están registrando atrasos que no corresponden a sus propias operaciones crediticias, sino a pagos pendientes de sus clientes con diversas plataformas digitales y proveedores de crédito no tradicionales.

En respuesta, los bancos públicos organizados bajo el ala de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abbappra) enviaron una nota técnica al BCRA solicitando que se realice una distinción en la medición de este tipo de mora. En su planteo, destacan que una proporción considerable de los saldos en mora no se relaciona a incumplimientos con la entidad propia, sino por deudas con otros actores financieros, lo cual distorsiona su visión sobre la realidad crediticia de sus clientes.

Adicionalmente, se han sumado a esta solicitud la Cámara Argentina de Fintech, que aboga por una reducción del plazo actual de 60 días en la Central de Deudores. Argumentan que una evaluación más ágil podría prevenir la acumulación de deudas y facilitar la detección de fraudes, lo cual podría traducirse en una disminución en el costo de los créditos para los usuarios, beneficiando, a su vez, la liquidez del sistema.

El panorama financiero es complicado: se estima que solo en el ámbito privado, los bancos han refinanciado más de medio millón de préstamos que cayeron en morosidad, utilizando sus recursos para intentar restaurar la capacidad de pago de los clientes. Este esfuerzo busca evitar que las personas queden excluidas del sistema crediticio regulado, lo que podría agravar aún más la crisis económica.

Sin embargo, la respuesta del Banco Central ha sido de resistencia a los cambios propuestos. Una fuente del organismo ha expresado que, aunque su sistema informativo es perfectible, se mantendrá la metodología actual de medición de morosidad. La preocupación radica en que cualquier modificación podría conllevar dudas sobre la veracidad de mejoras en las estadísticas de morosidad.

Mientras tanto, el Banco Central también ha comenzado a ofrecer consejos a los consumidores que buscan obtener crédito, sugiriendo que se comparen los costos y tasas de diferentes entidades, con la intención de fomentar una mayor transparencia y responsabilidad en el uso del crédito.

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