La Defensoría del Pueblo advierte sobre el control territorial de disidencias en Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha expresado su preocupación por el creciente control territorial ejercido por las disidencias de "Iván Mordisco" en varios municipios del departamento de Huila. Según el informe, las violaciones a los derechos humanos han aumentado, afectando particularmente a localidades como Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel. El control de estas disidencias se manifiesta a través de la imposición de "manuales de convivencia" que restringen la movilidad de los habitantes y regulan su vida diaria.

En su comunicado, el organismo alertó que el grupo armado ha ampliado su dominio sobre el área, utilizando la violencia y el temor para consolidar su influencia. Esta expansión se ha visto facilitada por el control de corredores viales estratégicos que aseguran el movimiento de recursos y combatientes en la región suroccidental del país, un área crítica dada su conectividad con otros departamentos como Tolima y Cauca.

Las disidencias de "Iván Mordisco" han establecido límites territoriales a través de retenes y puntos de control, además de realizar cobros de extorsión en diversos sectores. La Defensoría ha documentado que al menos seis civiles fueron asesinados en 2025 por no cumplir con las directrices impuestas por estos grupos armados, lo que ha contribuido al aumento de la violencia en ciudades como Palermo y Neiva, donde la comunidad vive en un clima de constante inseguridad.

El informe también señala que la problemática del reclutamiento de menores es alarmante, ya que muchos adolescentes son forzados a participar en conflictos armados, especialmente en territorios indígenas como el del pueblo Nasa. Este fenómeno agrava la crisis humanitaria en una región ya debilitada por la violencia, con jóvenes que son trasladados a otras zonas para luchar, poniendo en riesgo su bienestar y desarrollo.

Como respuesta a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido 19 recomendaciones a instituciones nacionales y locales, incluyendo el Ministerio del Interior y el Ejército Nacional, con el fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad y la protección de los derechos humanos de la población civil. La necesidad de una intervención efectiva para mitigar los riesgos asociados a la violencia armada es urgente, dado que la situación actual pone en grave peligro a los habitantes de Huila, que enfrentan un control efectivo de grupos armados en su vida diaria.