La enfermera Gabriela Torres enfrentará nuevo juicio por sustracción de vacunas

Gabriela Vanesa Torres, una enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, está nuevamente en la mira de la justicia, enfrentando cargos por la sustracción de vacunas contra el COVID-19. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no admitir los planteos de su defensa, permitiendo que el juicio avance. Según la acusación, Torres habría robado un lote de 30 dosis de la vacuna Sputnik V entre diciembre de 2020 y enero de 2021, en un periodo crítico de la emergencia sanitaria en el país, cuando las vacunas eran escasas y estaban destinadas prioritariamente a personal de salud y grupos de riesgo.

De acuerdo con la investigación, las dosis sustraídas fueron administradas a 21 miembros del Sindicato de Camioneros en Chubut, quienes no pertenecían a los grupos prioritarios establecidos, y las vacunas habrían sido aplicadas a cambio de coimas. Esta situación ha resaltado la gravedad del caso, especialmente considerando el contexto en el que se ocurrió, donde el acceso a las vacunas era un tema de preocupación nacional.

La jueza federal Eva Parcio De Seleme ya había procesado a Torres en una instancia anterior por encubrimiento, pero posteriormente, en el momento del juicio oral, la fiscalía cambió la acusación a hurto. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia decidió absolver a Torres, argumentando que el cambio en la calificación legal afectó su derecho a una defensa adecuada. Sin embargo, la fiscalía apeló la decisión y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde la absolución fue revocada por mayoría.

El tribunal explicó que los hechos permanecieron inalterados a pesar del cambio en la calificación legal, y que esta variación no constituyó una sorpresa que pudiera comprometer la defensa de Torres. A su vez, señalaron que la nueva acusación era más beneficiosa en términos de pena. La defensa, insatisfecha con la decisión, intentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que terminó desestimando la presentación. Esta situación deja a Torres en un proceso judicial incierto, concentrando la atención tanto de la comunidad local como de los medios nacionales, en un contexto donde el manejo de la vacunación es de suma importancia.

Con este nuevo juicio en puerta, se espera que se reanuden los debates sobre la legalidad de las acciones de Torres y las implicaciones más amplias relacionadas con la distribución de vacunas en un periodo especialmente crítico de la pandemia en el país. La resolución del caso podría tener un impacto significativo en la confianza pública hacia los sistemas de salud y las instituciones que deben velar por su equilibrio y transparencia.