La factura electrónica se vuelve obligatoria para todos los contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina ha anunciado que, a través de la Resolución General 5893/2026, la factura electrónica será obligatoria para todos los contribuyentes del país. Esta disposición afecta a los últimos sectores que aún contaban con la posibilidad de emitir comprobantes a través de talonarios impresos, marcando un avance significativo hacia la digitalización del sistema fiscal.

La implementación de este cambio se realizará de manera escalonada. Los monotributistas sociales deberán empezar a utilizar la facturación electrónica desde el 1° de noviembre de 2026. Esto incluye a quienes están inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. Por su parte, los contribuyentes que no están alcanzados por el IVA tendrán hasta el 1° de marzo de 2027 para adaptarse a este sistema, con la prohibición del uso de controladores fiscales.

Las entidades de seguros tendrán una excepción específica para sus operaciones no gravadas por IVA, que entrará en vigencia de forma inmediata. Esta medida busca no solo modernizar la forma de facturación, sino también optimizar los controles fiscales del Estado, haciéndolos más efectivos y transparentes.

ARCA ha reconocido que la transición hacia la digitalización podría representar un reto para algunos sectores, especialmente aquellos con limitaciones tecnológicas. Para mitigar este impacto, la agencia ha implementado una herramienta de asistencia automática que permitirá a los monotributistas sociales ser dados de alta de oficio en el sistema de venta digital si no han gestionado la habilitación de su punto de venta a tiempo.

Una vez que estas nuevas normativas entren en vigor, los comprobantes en papel perderán su validez como medio habitual de venta. Solo serán permitidos excepcionalmente en casos de contingencias, como cortes prolongados de electricidad o fallas de internet, hasta que expire el Código de Autorización de Impresión (CAI) correspondiente.

Este cambio se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno para facilitar el proceso fiscal y garantizar equidad entre los contribuyentes. La digitalización del sistema de facturación no solo puede mejorar la eficiencia administrativa, sino también reducir costos operativos, tanto para el Estado como para los contribuyentes, alineándose así con prácticas más modernas y eficientes.