La falta de juzgados específicos para menores preocupa a la fiscal de Sarmiento

La fiscal jefe de Sarmiento, Andrea Vázquez, realizó declaraciones sobre la nueva Ley Penal Juvenil (Ley 27801), que comenzará a aplicarse en todo el país a partir del 1 de septiembre. Vázquez enfatizó la necesidad de la implementación de un sistema judicial especializado en temas de minoridad, que actualmente no existe en la provincia de Chubut. En este contexto, señaló que la falta de juzgados para menores y de fiscales o defensores dedicados a esta problemática es una cuestión preocupante, ya que limita la atención y la respuesta judicial a los delitos cometidos por adolescentes.

Actualmente, el único espacio disponible para el alojamiento de menores en conflicto con la ley es el Centro de Orientación Socio Educativa (COSE), ubicado entre Trelew y Puerto Madryn. Este centro es el único recinto operativo que se destina a la contención y resocialización de jóvenes. Vázquez consideró necesario que las comisarías y otros espacios de detención adapten sus instalaciones para ofrecer ambientes diferenciados que respeten la dignidad de los jóvenes.

Un aspecto importante que mencionó la fiscal es el tratamiento de los menores de 14 años que cometen delitos, ya que sus casos no ingresan al sistema penal, sino que son derivados al fuero de familia. Esto genera que, en ocasiones, la real responsabilidad y las medidas correctivas no sean abordadas de forma adecuada. La Ley Penal Juvenil también prioriza la aplicación de medidas alternativas al encierro para aquellos adolescentes que infrinjan la ley, en un enfoque que favorece la reeducación sobre el castigo.

Las nuevas disposiciones contemplan que los adolescentes de entre 14 y 18 años tendrán un proceso judicial que respete su derecho a ser escuchados y a contar con asesoría legal desde el inicio de los procedimientos. Además, prohíbe la publicación de su identidad, resguardando así su privacidad. En términos de sanciones, la ley establece que la pena máxima para los jóvenes que cometan delitos graves será de 15 años, excluyendo la posibilidad de prisión perpetua, lo cual refuerza el enfoque en la resocialización y el desarrollo educativo del joven infractor.

La implementación de la Ley 27801 en Chubut requerirá de un esfuerzo coordinado no sólo en el ámbito judicial, sino también en políticas públicas que garanticen condiciones adecuadas para la atención de esta población vulnerable. Las autoridades judiciales y gubernamentales deberán trabajar en el diseño de un sistema que contemple las necesidades educativas y sociales de los adolescentes, asegurando así un futuro más constructivo.