La Fiscalía de Colombia interviene bienes de Charlie Zaa vinculados al paramilitarismo
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ocupó, el 17 de julio, bienes del cantante Charlie Zaa por más de 45.000 millones de pesos relacionados con el paramilitarismo. Esta acción se deriva de una investigación sobre lavado de dinero y busca determinar el destino de estas propiedades en el marco de la justicia transicional.
El 17 de julio, la Fiscalía General de la Nación de Colombia ejecutó la ocupación de propiedades del cantante Charlie Zaa, valoradas en más de 45.000 millones de pesos, en el marco de un proceso de extinción de dominio. Esta intervención se enmarca en una investigación que sugiere la vinculación de estos bienes con recursos ilícitos relacionados con el exjefe paramilitar Diego Martínez Goyeneche, alias Daniel, del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entre las propiedades ocupadas se incluyen el centro comercial El Oasis y el hotel boutique Monasterio Resort, ambos situados en Girardot, así como discotecas en esa ciudad y en Ibagué. La Fiscalía señala que estos inmuebles fueron adquiridos por terceros con el propósito de lavar dinero, eludiendo así la obligación de reparar a las víctimas del conflicto armado
Un aspecto notable de esta intervención es que, a diferencia de lo que suele ocurrir, los bienes no serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sino por el mecanismo de justicia transicional conocido como Justicia y Paz. Esta decisión responde a que la ocupación se gestionó a través de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, especializada en estos casos.
La vinculación de Zaa a esta investigación se remonta a 2024, cuando se reveló que había visitado a Martínez Goyeneche en prisión, lo que despertó las sospechas de las autoridades. Se alega que los inmuebles en cuestión en realidad pertenecerían al mencionado exparamilitar, quien podría haber utilizado a Zaa como testaferro para través de terceros ocultar activos de origen ilícito.
Las propiedades incautadas están destinadas al Fondo para la Reparación de las Víctimas, un aspecto garantizado por la Ley 975 de 2005, que prioriza la reparación a las víctimas sobre el proceso ordinario de extinción de dominio. Esto revela un cambio en la dinámica judicial y administrativa en lo que respecta a bienes vinculados al narcotráfico y el paramilitarismo.
La Ley 975, vigente y reformada a través de la Ley 1592 de 2012 y la Ley 1849 de 2017, regula la justicia transicional en Colombia y establece la entrega obligatoria de bienes por parte de quienes se acogen a este proceso. Esto se enmarca dentro de los esfuerzos por desmovilizar grupos armados ilegales, en su mayoría las AUC, que entregaron un total de 30.944 combatientes entre 2004 y 2006.
El caso de Charlie Zaa se suma a un contexto más amplio de lucha contra los efectos del paramilitarismo en Colombia, donde la justicia transicional busca reparar los daños causados por décadas de conflicto armado. Esto plantea un escenario complejo en la recuperación de activos y la búsqueda de justicia que impacta a toda la sociedad colombiana, especialmente a las víctimas del conflicto.