La JEP imputará a líderes de las FARC por abusos a menores reclutados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado la imputación de nueve exintegrantes de las FARC-EP, entre ellos sus líderes más prominentes, por su responsabilidad en graves abusos cometidos contra menores reclutados durante el conflicto armado colombiano. En el marco del Caso 07, las acusaciones se centran en dos patrones de violencia: las agresiones dentro del régimen interno de la guerrilla y las violencias reproductivas sufridas por las niñas que fueron forzadas a pertenecer a sus filas.

La investigación se ha apoyado en testimonios de 214 víctimas que han descrito atrocidades como castigos físicos, trabajo excesivo, restricciones alimentarias y falta de sueño, así como entrenamientos militares que ponían en riesgo sus vidas. Además, las denuncias incluyen la imposición de anticoncepción y abortos forzados, evidenciando un sistema de control violento y sistemático que caracterizaba la vida de estos jóvenes en la guerrilla.

La magistrada Lily Rueda resaltó que los menores eran sometidos a un régimen estricto que regulaba su día a día, obligándolos a realizar tareas como transportar leña, abrir trincheras y cocinar, en un contexto de coacción permanente que negaba su autonomía. Este control coercitivo garantizaba que los menores cumplían con las órdenes de la organización, despojándolos de su humanidad y vulnerando sus derechos más básicos.

Rueda enfatizó que los relatos de las víctimas indican que las conductas abusivas no constituyeron hechos aislados, sino que formaban parte de una práctica sistemática. Los castigos infligidos por la guerrilla incluían trabajos forzados, aislamiento, agresiones físicas y humillaciones extremas, así como fusilamientos de aquellos que intentaban comunicarse con sus familias o negarse a participar en actos de tortura.

La JEP ha señalado que los procedimientos disciplinarios implementados por la FARC carecían de legalidad y debían ser considerados como violaciones graves a los derechos humanos. Las acusaciones apuntan a que la guerrilla actuó con un desprecio sistemático por las condiciones de vida y los derechos de los menores reclutados, lo que plantea importantes cuestiones sobre la rendición de cuentas por parte de quienes sostuvieron el liderazgo de la organización a lo largo del conflicto.