La Justicia acepta apelación del Gobierno sobre financiamiento universitario
La decisión del juez federal Martín Cormick sobre el decreto de financiamiento universitario permitirá al Gobierno apelar un fallo que declaraba inconstitucional una de sus cláusulas. No obstante, se mantiene la orden de recomponer salarios docentes y becas debido a una cautelar vigente.
El juez federal Martín Cormick aprobó la apelación del Estado Nacional con respecto a un fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, que regula el financiamiento de las universidades en Argentina. Este decreto formaliza la Ley de Financiamiento Universitario, pero establece como condición que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y realice las respectivas asignaciones en el presupuesto nacional. La apelación fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, alegando que la sentencia podría generar graves agravios institucionales y comprometer el equilibrio fiscal del país.
En su resolución, el magistrado destacó la necesidad de mantener las medidas de ejecución de las decisiones ya tomadas en relación a la recomposición de salarios docentes y becas. A pesar de la apelación, esta ejecución no se ve afectada, lo que implica que se deben continuar cumpliendo las disposiciones previas relacionadas con el bienestar de los profesionales de la educación. La apelación del Gobierno, liderada por el subprocurador del Tesoro de la Nación, sostenía que la sentencia en cuestión se basaba en una interpretación fragmentada del marco presupuestario vigente, lo que podría llevar a una mala gestión de los recursos públicos.
La cuestión central planteada en la apelación se enfoca en si el Poder Ejecutivo puede implementar la ley de financiamiento sin haber determinado fuentes específicas y suficientes de financiamiento. En este contexto, Cormick cuestionó el condicionamiento de la ejecución de la Ley 27.795 a la decisión del Congreso sobre el financiamiento, evidenciando la complejidad del caso y su posible impacto en la administración financiera del país. Los argumentos del Gobierno resaltan que el decreto reafirma la ley, al mismo tiempo que establece la necesidad de recursos presupuestarios disponibles para la ejecución de nuevos gastos relacionados con esta.
El debate actual se centra en la capacidad del Poder Ejecutivo de actuar en este ámbito sin el respaldo presupuestario que requiere la ley. Con la decisión del juez Cormick, el caso será elevado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se continuará analizando el alcance y la validez de la cláusula cuestionada.
Las implicaciones de este fallo son significativas no solo para el sistema universitario argentino, sino también para la política fiscal y la gestión de recursos públicos. De esta manera, se establece un precedente en cómo las leyes de financiamiento universitario pueden entrar en efecto en relación con las decisiones presupuestarias del Congreso.