La Justicia avanza en el caso del doble crimen de las mochileras Irina y María

Casi tres décadas después del brutal asesinato de las mochileras Irina Laura Montoya y María Dolores Sánchez, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca ha emitido un fallo significativo. La resolución obliga a Eduardo Fermín Eliçabe y Leónidas Hugo Soria a pagar una indemnización de 21.060.000 pesos, más intereses, a la familia de Montoya. Esto surge del daño psicológico y emocional que sufrieron los padres a raíz de este trágico acontecimiento.

Este caso escalofriante tuvo lugar en febrero de 1998, cuando Montoya, de 24 años, y Sánchez, de 18, viajaban desde Chañar Ladeado, Santa Fe, hacia Comodoro Rivadavia, haciendo autostop y disfrutando del trayecto a la Patagonia. Sin embargo, su viaje se tornó mortal tras ser recogidas por Eliçabe, un custodio de seguridad de 43 años, quien se ofreció a llevarlas. A pesar de su aparente amabilidad, Eliçabe desvió la ruta hacia un camino rural, donde cometió un acto atroz.

Durante la noche del 18 de febrero, bajo una intensa lluvia, Eliçabe atacó a las jóvenes: primero agredió sexualmente a María Dolores y luego disparó contra ambas. Los cuerpos fueron encontrados más tarde en un terreno cercano por un tambero, revelando la brutalidad del crimen. Eliçabe fue finalmente condenado a reclusión perpetua, pero salió de prisión en 2010 tras cumplir 13 años, beneficiándose del controvertido régimen del 2x1.

La reciente resolución judicial no solo afecta a Eliçabe, sino también a Leónidas Hugo Soria, excomisario y dueño de la empresa de seguridad para la que Eliçabe trabajaba. La Cámara determinó que el uso indebido de su trabajo facilitó el acceso a las jóvenes, lo que conllevó a que también se le responsabilizara por el acto criminal.

Este fallo ha sido recibido como un avance significativo para las familias de las víctimas, que han luchado durante años por justicia. Sin embargo, el camino ha estado lleno de dificultades, ya que acciones judiciales previas habían tenido resultados ambiguos. El caso continúa resonando en la sociedad argentina, simbolizando tanto la violencia de género como la necesidad de una justicia efectiva y transparente.

A medida que el proceso de indemnización sigue su curso, se genera un debate más amplio sobre la responsabilidad de las empresas de seguridad y el impacto de la lenidad judicial en casos de violencia. La sociedad espera que este dictamen resulte en una reflexión más profunda sobre la seguridad y los derechos de las mujeres en Argentina.