La Justicia de Bariloche suspendió obras por riesgos ambientales

La Justicia de Río Negro ha ordenado la suspensión temporal de las obras de dos desarrollos inmobiliarios en Bariloche, conocidos como Faena y Cauma. La restricción busca salvaguardar los entornos de las reservas naturales urbanas, Lago El Trébol y Morenito-Ezquerra, dadas las preocupaciones sobre el potencial daño ambiental que podrían provocar los proyectos.

La paralización fue impulsada por un amparo colectivo presentado por concejales, organizaciones ambientales y ciudadanos preocupados. Los demandantes cuestionaron el método de evaluación llevado a cabo por las autoridades, que analizó cada proyecto de forma aislada, ignorando la cercanía entre ellos y los efectos acumulativos que podrían tener sobre el medio ambiente.

El argumento del reclamo resalta la necesidad de realizar una evaluación ambiental que contemple de manera integral los efectos de ambos desarrollos. Además, se solicitó la intervención de comisiones mixtas de las reservas protegidas y la realización de audiencias públicas, garantizando que todas las voces sean escuchadas en el proceso.

La jueza encargada del caso consideró que había fundamento suficiente para tramitar el amparo como un caso de protección ambiental colectiva. Como resultado, se prohibieron las actividades que pudieran afectar el terreno, como movimientos de suelo o remoción de vegetación, a fin de evitar daños irreparables mientras avanza el proceso judicial.

La suspensión, sin embargo, no implica un rechazo definitivo a las iniciativas inmobiliarias. La resolución aclara que aún no se ha decidido sobre la viabilidad de los proyectos, y que se requiere un estudio técnico exhaustivo para analizar sus implicaciones antes de otorgar las autorizaciones necesarias.

Ahora, el tribunal ha solicitado al municipio de Bariloche un informe detallado sobre los aspectos planteados en el amparo. Una vez que la municipalidad responda, se evaluará la posibilidad de realizar una audiencia entre las partes involucradas, tal como lo estipula el Código Procesal Constitucional. Este proceso podría acercar a una solución que contemple tanto el desarrollo urbano como la protección ambiental en la región.