La Justicia de Chubut decidirá sobre caso de sobreprecios en 16 escuelas

La jueza de garantías de Chubut, Karina Breckle, se encuentra en proceso de resolución respecto a los planteos realizados por los defensores de cuatro imputados en una investigación por presuntos sobreprecios en contrataciones para la reparación de 16 escuelas en la Cordillera de Chubut. La investigación, impulsada por el fiscal general Omar Rodríguez, puso el foco en irregularidades en contrataciones directas en los ministerios de Infraestructura y Educación.

Los abogados defensores, Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García, han presentado objeciones a la acusación, cuestionando tanto la descripción de los hechos como el papel que la Fiscalía asigna a cada uno de los imputados. También solicitaron la nulidad de la acusación que consideran violatoria del derecho a una defensa adecuada. La decisión de la magistrada será clave para determinar si la causa avanza a juicio oral o si las objeciones presentadas llevan a su paralización.

Durante la audiencia, el fiscal Rodríguez se opuso a las alegaciones de defensa, argumentando que los cuestionamientos intentan desviar la atención de potenciales delitos penales al presentarlos como meras cuestiones administrativas. En este sentido, el fiscal remarcó que los imputados mantenían conexiones con altos funcionarios, sugiriendo que estas relaciones influyeron en la adjudicación irregular de obras públicas.

La causa se centra en contrataciones directas realizadas para trabajos en infraestructuras escolares en localidades como El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila. Según la acusación, los proveedores involucrados, Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, habrían manipulado los presupuestos y establecido un proceso de selección que excluía a otros oferentes, favoreciendo así su propia participación.

Entre las pruebas presentadas, la Fiscalía incluyó mensajes de WhatsApp obtenidos de los celulares de los imputados, que se interpretan como evidencia de acuerdos previos sobre la distribución de trabajos y modificaciones en la documentación. Una de las obras objeto de investigación corresponde a la Escuela N° 93 de El Maitén, donde en 2022 se registró un incidente de intoxicación por monóxido de carbono, lo que generó una mayor preocupación en torno a la seguridad de estas instituciones.

La resolución de la jueza Breckle se espera con anticipación, ya que podría marcar un giro significativo en el tratamiento judicial de este caso, dando así claridad sobre el futuro de los imputados y el manejo de los recursos destinados a la educación en la provincia.