La Justicia exige al Gobierno cumplir con la ley de Financiamiento Universitario

Un nuevo requerimiento judicial ha sido emitido por la Justicia Federal al Gobierno argentino, que ahora tiene un plazo de cinco días para adecuar los salarios de docentes y no docentes, así como para recomponer las becas estudiantiles. Esta medida fue determinada por el juez Martín Cormick del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, quien expresó su preocupación por la falta de cumplimiento total de la cautelar obligatoria relacionada con la ley de Financiamiento Universitario.

La intimación surge en respuesta a un pedido de revocación presentado por el Gobierno ante una intimación anterior. Tras este planteo, Cormick reafirmó la vigencia de la cautelar, agregando más fundamentos a su resolución. En su análisis, el juez constató que, si bien el Gobierno ha realizado algunos progresos, como las convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago, estos esfuerzos no son suficientes para demostrar que se están cumpliendo los requerimientos establecidos por la ley.

Específicamente, el juez hizo referencia al artículo 5 de la ley 27.795 sobre los salarios universitarios, indicando que no se han realizado cálculos adecuados sobre los aumentos y actualizaciones salariales que se deberían aplicar. Para determinar el cumplimiento de la cautelar, Cormick evaluó la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, que se ubicó en un 312,19%, un dato obtenido de informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este alto índice inflacionario es clave en la consideración del juez, quien subrayó que las respuestas del Estado no reflejan un aumento proporcional a ese porcentaje inflacionario. Por lo tanto, Cormick concluyó que el Gobierno no ha logrado cumplir con la actualización de los salarios universitarios acorde a las variables de ajuste que establece la normativa.

Además, el magistrado desestimó el argumento presentado por el Gobierno, que sostenía que la resolución cautelar había sido respetada. En su dictamen, subrayó que, contrariamente a lo afirmado por el Estado, aún restan aspectos por cumplir en la cautelar, dado que la situación no ha cambiado desde el rechazo anterior a levantar la medida el 1 de septiembre.

Ante el severo contexto inflacionario que afecta al país y la imposición de esta nueva intimación judicial, el Gobierno ahora se enfrenta a la urgencia de implementar las actualizaciones solicitadas en el marco de la ley de Financiamiento Universitario. La falta de cumplimiento podría derivar en sanciones económicas para el Estado.

Se espera que en los próximos días se activen los mecanismos necesarios para asegurar la mejora en las condiciones salariales de quienes trabajan en el ámbito educativo, así como la asistencia a estudiantes a través de becas, cruciales en un contexto donde la educación enfrenta importantes desafíos estructurales.