La justicia frena la apertura de una calle en Bariloche por cuestiones ambientales

La justicia de Bariloche ha decidido detener temporalmente la apertura de una nueva calle en el mallín "El Abrazo", ubicado en la zona del Ñireco. Esta medida se produjo tras la solicitud de un amparo ambiental presentado por el concejal peronista Leandro Costa Brutten, quien argumentó que los trabajos estaban afectando un área vulnerable. La jueza Cecilia Marcela Wiesztort, a cargo de la Unidad Procesal 7, dictó la resolución el pasado lunes, en la que se ordena el cese inmediato de los trabajos y la prohibición de movimientos de suelo en el área afectada.

La jueza fundamentó su decisión en el principio precautorio, señalando que hasta que se resuelva el amparo en forma definitiva, no se deben realizar trabajos que alteren el terreno. Esto incluye la prohibición de cualquier tipo de excavación, relleno o modificación de drenajes existentes. La nueva calle, que era parte de un proyecto municipal para mejorar la conectividad vial en la zona este de la ciudad, deberá esperar mientras la justicia evalúa el caso.

El intendente Walter Cortés, al conocer la resolución, manifestó que su administración acatará la medida, aunque también adelantó que se prevé apelar la decisión judicial. De acuerdo a Martín Domínguez, abogado del intendente, el municipio considera que los trabajos realizados son legales y estuvieron precedidos por un informe técnico que se está formalizando en los días siguientes.

La controversia surge en un contexto donde la protección de los espacios naturales se ha vuelto un tema central en la gestión urbana de Bariloche, una ciudad conocida por su belleza paisajística y su importancia en el turismo. La zona del Ñireco, donde se pretende realizar la apertura de la calle, es especialmente sensible, dado que alberga ecosistemas frágiles.

El mallín "El Abrazo" sirve como un importante reservorio de biodiversidad y su preservación se ve amenazada por la expansión urbana. La decisión de la justicia podría abrir un debate más amplio sobre el desarrollo urbano en áreas que requieren protección ambiental, equilibrando las necesidades de infraestructura y conservación.

A medida que el caso avanza en el ámbito judicial, los vecinos y grupos ambientalistas miran de cerca la situación, esperando que se priorice el cuidado del medio ambiente sobre las obras de infraestructura que pueden comprometerlo. La situación representa un desafío para el gobierno municipal, que debe justificar sus decisiones en un ámbito cada vez más exigente respecto a la protección ambiental.