La Justicia intercede en el conflicto entre Bariloche y la CEB por alumbrado público

El conflicto entre la Municipalidad de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) ha llegado a los tribunales, centrándose en una disposición municipal que impone nuevas obligaciones a la cooperativa respecto al cobro de la tasa de alumbrado público. El juez Iván Sosa Lukman, a cargo del caso, dictó un fallo que admite parcialmente la medida cautelar solicitada por la CEB mientras se continúa con el análisis del reclamo principal que busca nulificar una disposición emitida en abril.

En la disposición 40-SH-2026, elaborada por el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, se establecieron obligaciones que la CEB considera desmesuradas, incluyendo la obligación de presentar mensualmente declaraciones juradas sobre la recaudación de la tasa de alumbrado público. Según la CEB, este cobro representa un monto aproximado de 200 millones de pesos mensuales.

El juez ha decidido suspender temporalmente ciertos artículos cuestionados de la disposición y resoluciones relacionadas, que también habían sido firmadas por el intendente Walter Cortés. Entre estas se encuentra una resolución que rescinde un convenio de 1988, que permitía a la CEB operar y gestionar el cobro y mantenimiento del servicio de alumbrado en la ciudad.

La controversia surge en un contexto donde la CEB busca resguardar sus derechos ante lo que consideran un intento de la municipalidad de trasladar responsabilidades de cobro que históricamente han gestionado. La medida cautelar aceptada por la justicia se refiere específicamente a la suspensión de artículos que obligan a la cooperativa a informar de manera detallada sobre la recaudación, lo cual podría complicar la gestión administrativa de la entidad.

El impacto de esta situación en la comunidad de Bariloche es significativo. La CEB es un organismo esencial para la provisión de servicios eléctricos y de alumbrado público en la ciudad, y cualquier alteración en su funcionamiento podría acarrear inconvenientes para los vecinos.

En los próximos días, tanto la cooperativa como el municipio continuarán su discusión ante los tribunales, mientras la comunidad espera una resolución que resuelva el conflicto y asegure la continuidad del servicio de alumbrado público, vital para la seguridad y el funcionamiento de la ciudad.

Este caso no solo plantea cuestiones legales, sino que también pone en evidencia la relación entre entidades municipales y cooperativas de servicios, un tema que ha generado tensiones en diversas localidades de la Patagonia y puede ser un reflejo de situaciones similares en otras jurisdicciones.