La Justicia mantiene vigente la cautelar del proyecto Sea Lion en Tierra del Fuego

La jueza federal Mariel Borruto confirmó la validez de la medida cautelar que suspende el proyecto petrolero Sea Lion, que comprende la participación de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Esta resolución fue emitida el 27 de octubre y notificada en fechas recientes, en el marco de una causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). La medida prohíbe a las empresas llevar a cabo obras de perforación, construcción de infraestructura submarina, operaciones de unidades flotantes de producción, y cualquier actividad de apoyo terrestre o portuario.

Borruto también aceptó la intervención de la provincia de Tierra del Fuego en este litigio, aunque limitó su participación a un rol accesorio, subordinado a la parte actora del caso. La fiscalía de la provincia había solicitado ingresar a la causa, argumentando la necesidad de prevenir daños ambientales. Sin embargo, la jueza aclaró que no se presentaron posiciones que justifiquen una participación más activa.

La magistrada fundamentó su decisión sobre la premisa de que la fiscalía fueguina no sostiene una posición material distinta de la que ya plantean el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). En sus presentaciones, se destacó que el objetivo común reside en prevenir impactos ambientales colectivos.

Cabe mencionar que la cautelar que frena el avance del proyecto Sea Lion seguirá vigente en tanto no se realicen los informes de impacto ambiental requeridos. Borruto desestimó solicitudes de la fiscalía para introducir nuevos requisitos o para que las empresas presenten garantías ambientales o pólizas de seguros. Se argumentó que los informes solicitados en septiembre aún no habían sido incorporados al expediente y las empresas demandadas no habían sido notificadas, dos condiciones consideradas esenciales para revisar la medida.

El proyecto petrolero en cuestión contempla la creación de 23 pozos y una unidad flotante para producción, así como instalaciones de almacenamiento y descarga, proyectando su primera extracción de crudo a inicios de 2028. En la división de acciones, Navitas posee el 65% y Rockhopper el 35% restante.

Finalmente, la jueza rechazó la solicitud de convocar al Estado nacional al proceso, al destacar que ya había ordenado informes a varias autoridades competentes, cuya eventual inclusión en el expediente sigue pendiente. La continuidad de la cautelar y el desarrollo de la causa subrayan la dinámica legal y los desafíos regulatorios alrededor de la explotación de recursos naturales en el área, en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental de las actividades petroleras en la región.