La Justicia ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

En un nuevo capítulo en la lucha por la financiación universitaria, la Justicia federal exige al Gobierno nacional que respete la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). Este dictamen surge a raíz de la aceptación de amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires antes de una próxima Marcha Federal Universitaria, que busca visibilizar la problemática de los recursos educativos en el país.

El juez Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual se condicionó la implementación de la ley. Este fallo sigue la línea de decisiones previas, donde el juzgado había otorgado medidas cautelares a las universidades ya en diciembre, además de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema han respaldado estas resoluciones a lo largo del año.

Cormick argumentó que el decreto que el Gobierno promulgó contenía una frase que limitaba la aplicación de la ley en contraposición a las disposiciones del artículo 5° de la Ley de Administración Financiera (Ley N° 24.629), que establece que las leyes que generen gastos deben tener garantizado su financiamiento dentro del presupuesto nacional. Este argumento fue similar al utilizado en otros casos, como el de la Emergencia en Discapacidad, que también enfrentó obstáculos en su implementación.

El juez enfatizó que la Ley 27.795 sí presenta mecanismos de financiamiento, permitiendo al Ejecutivo reasignar partidas presupuestarias sin afectar la coparticipación federal. A su vez, argumentó que la forma en que se suspendió la ley era un "mecanismo extraconstitucional", lo que funciona efectivamente como un veto. Al ser insistida por el Congreso, el Gobierno está obligado a llevar a cabo su promulgación sin condicionamientos.

Cormick, además, instó al Gobierno a asegurar los fondos necesarios para garantizar no solo la actualización de los salarios de docentes y no docentes, sino también para cubrir becas y otros gastos de funcionamiento en las instituciones educativas. En un contexto donde el presupuesto nacional no ha sido actualizado en dos años, la necesidad de financiamiento se torna aún más crítica para el sector.

Este fallo judicial implica una presión significativa sobre el presente y futuro de la educación superior en el país, y la atención ahora se centra en cómo el Gobierno responderá a esta orden judicial y si efectivamente se implementará un plan de financiamiento acorde a las necesidades del sistema educativo.