La Justicia requiere al Gobierno implementar la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia argentina ha dictado una resolución en la que exige al Gobierno nacional implementar sin demora la Ley de Financiamiento Universitario, tras haber declarado inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025 que limitaba su ejecución. El juez federal Martín Cormick justificó esta decisión al considerar que el Ejecutivo había utilizado el decreto de forma inapropiada como un mecanismo de veto.

La controversia se originó luego de que el Congreso sancionara la Ley 27.795 en agosto de 2025, cuyo objetivo es asegurar los recursos para la educación superior en el país. A pesar de su aprobación, el Gobierno intentó rechazarla mediante el Decreto 647/2025, el cual fue finalmente invalidado por ambas cámaras del Congreso con un rechazo a la medida por parte de los legisladores, que volvieron a ratificar el texto original con el respaldo de las mayorías requeridas.

Sin embargo, al promulgar la ley a través de un nuevo decreto, el Gobierno incluyó una salvedad que condicionaba su ejecución a la designación de las fuentes de financiamiento y la inclusión presupuestaria correspondiente. Esta medida fue interpretada por Cormick como un intento de obstaculizar la efectividad de la ley, ya que esta había sido respaldada por el Congreso tras un veto presidencial.

El juez argumentó que la cláusula del decreto en cuestión no se ajustaba a un "test mínimo de razonabilidad", al permitir que un decreto anulara la aplicación de una ley ya ratificada. En su análisis, destacó que el Poder Ejecutivo no puede bloquear nuevamente la ley una vez que el Congreso ha refrendado su aprobación con las mayorías necesarias.