La Justicia revisará la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de su Sala III, ha decidido aceptar el recurso de queja presentado por el Poder Ejecutivo en relación con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión se produce en el marco de un conflicto judicial donde un juez de primera instancia, Martín Cormick, había ordenado el cumplimiento de una medida cautelar que garantiza la actualización de salarios para docentes y no docentes, así como la asignación de fondos para becas de estudiantes.

El origen de la controversia se remonta a una providencia emitida el 9 de octubre, cuando el juez Cormick decidió que el expediente principal continuara su curso ante la instancia superior y que la ejecución de la cautelar se gestionara como un incidente separado. Sin embargo, tras el rechazo de una apelación por parte del mismo juez el 14 de octubre, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación presentaron una queja ante la Cámara, que habilitó la revisión judicial, argumentando que la decisión anterior podría causar un “gravamen irreparable” al Estado.

En sus argumentos, el gobierno enfatizó que había cumplido con la medida cautelar y que el plazo para su ejecución había vencido. Además, advirtió que la continuación de las intimaciones podía obligar a cumplir con una orden que, según su criterio, ya habría quedado sin efecto, al no haberse presentado una liquidación específica de los montos solicitados. También, el tribunal resolvió tramitar de manera suspensiva la apelación por las multas impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el mismo motivo.

La habilitación del recurso por parte de la Cámara no implica que se haya tomado una decisión sobre la vigencia o el cumplimiento de la medida cautelar, lo que ratifica que la discusión seguirá en las instancias correspondientes. Es importante destacar que el Consejo Interuniversitario Nacional, demandante en esta causa, había impugnado el decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la norma a la identificación de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Este decreto fue declarado inconstitucional por el juez Cormick el 6 de octubre, lo que sumó más complejidad al caso en cuestión.