La justicia sobresee a funcionarios en la causa Viento Sur y niega juicio a organizaciones

La jueza de garantías, Natalia Pelosso, dictó un fallo que sobresee a varios ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez en el marco de la causa Viento Sur, que investigaba presunto fraude relacionado con fondos destinados a cooperativas sociales. En su decisión, Pelosso cuestionó duramente a la fiscalía, señalando que no se presentaron pruebas suficientes y que la acusación carecía de fundamento. Esta resolución implica que no habrá juicio para los ocho imputados, que incluían a ex ministros vinculados a la cartera de Desarrollo Social.

El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, manifestó su intención de apelar el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, alegando que la magistrada no valoró adecuadamente la evidencia y que su desempeño podría haber influido en la percepción del caso. Vignaroli expresó su descontento al afirmar que la jueza “adjetivó de más” y que permitió que se considerara prueba en una etapa procesal donde esto no debería ocurrir.

En su resolución, la jueza esgrimió que la acusación presentada adolecía de falencias y que no se podía determinar la responsabilidad de los ex funcionarios en el desvío de fondos, criticando abiertamente a la fiscalía por no acreditar con evidencia las acusaciones formuladas. Pelosso enfatizó que, aunque el ex gobernador Gutiérrez firmó el decreto que instituía los planes de capacitación para cooperativas, no se probó que los ex ministros tuvieran conocimiento o voluntad de desviar esos recursos.

De un total de seis acusados pertenecientes a la cooperativa Viento Sur, cinco fueron sobreseídos, lo que revela una fuerte crítica a la estrategia de la fiscalía. Pelosso argumentó que muchos de los hechos en cuestión, incluidos ciertos movimientos de transferencias y plazos fijos, sucedieron fuera del periodo de investigación. Esto genera un importante precedente en el tratamiento de causas similares en la provincia, donde las acusaciones de fraude han sido un tema recurrente en la agenda judicial.

La respuesta de la fiscalía subraya una tensión palpable en el manejo de las pruebas en casos de corrupción, donde la calidad de la investigación se convierte en un pilar fundamental para la justicia. Sin embargo, la decisión de la jueza puede ser vista como un llamado a fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre el uso de recursos públicos, tema en el que las organizaciones sociales a menudo están involucradas.