La Justicia suspende la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad

La Justicia provincial de Buenos Aires decidió suspender por 60 días la aplicación de la Ley N° 27.801, que establece una nueva edad de imputabilidad en el país, bajándola de 16 a 14 años. La medida preventiva fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a raíz de un habeas corpus colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que busca proteger los derechos de los adolescentes en situación de privación de libertad.

La jueza argumentó que la implementación de la ley podría resultar en un aumento significativo de nuevos ingresantes al sistema penal juvenil, lo que generaría una situación crítica, considerando que las instalaciones actuales no cuentan con los recursos humanos ni materiales necesarios. Pascual se mostró preocupada por si la provincia puede garantizar las condiciones adecuadas para el alojamiento de adolescentes sin comprometer sus derechos fundamentales.

Entre las observaciones realizadas, la jueza mencionó que su juzgado había establecido un límite de 60 adolescentes en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora debido a que el lugar no cumplía con los estándares mínimos requeridos en términos de habitabilidad y condiciones de vida. A pesar de las recientes mejoras en la provisión de servicios básicos, el sistema aún presenta falencias significativas.

Pascual carece de garantías en torno a la provisión educativa y opciones de capacitación laboral para los jóvenes, y se identificaron necesidades urgentes para reducir los periodos de aislamiento durante la detención. Esta situación refuerza la responsabilidad del Poder Judicial de actuar ante la inminente vulneración de derechos, un principio consagrado en el enfoque de derecho de la niñez.

El impacto de esta medida toca un debate crítico a nivel nacional sobre cómo se aborda la problemática de la delincuencia juvenil y la capacidad estatal para enfrentar situaciones donde el derecho penal se cruza con la protección de los derechos humanos. La suspensión de la ley podría proporcionar un tiempo necesario para que el gobierno provincial evalúe su capacidad de respuesta ante un eventual aumento en la población encarcelada y garantice un entorno adecuado para su tratamiento. Esta situación invita a un mayor análisis sobre las condiciones de infraestructura y recursos disponibles en el sistema de justicia juvenil en la provincia en este 2026.