La Legislatura de Chubut aprobó canje de deuda y rechazó ley de tierras

Este jueves, la Legislatura del Chubut llevó a cabo una sesión clave donde se aprobaron importantes normativas económicas y se expresó un firme rechazo a un proyecto nacional que regula la propiedad de tierras. La jornada se caracterizó por un alto grado de consenso entre los distintos bloques políticos, lo que permitió dotar al Gobierno provincial de herramientas necesarias para la gestión operativa y la auditoría del sector público.

Un aspecto destacado fue la aprobación de Ley 085/2026, que autoriza el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Este acuerdo estratégico facilita a Chubut el intercambio y cancelación de deudas históricas con el Estado nacional. Esto se traduce en un alivio fiscal significativo para la provincia, vital en un contexto donde se busca optimizar la administración pública y fortalecer la economía local.

Además, la Legislatura sancionó la Ley 086/2026, que establece la emergencia hídrica en todo el territorio provincial. Con esta medida, el Ejecutivo podrá acelerar la contratación y ejecución de obras necesarias para asegurar el abastecimiento de agua potable, especialmente en localidades que enfrentan serias dificultades en este aspecto debido a una crisis hídrica prolongada.

Otro momento relevante de la jornada fue el debate en torno a la ley nacional que proponía la "inviolabilidad de la propiedad privada". Los legisladores de todos los bloques coincidieron en rechazar este proyecto, argumentando que fomentaría la extranjerización de tierras y la especulación inmobiliaria en la región. De este modo, se instó a los representantes chubutenses en el Congreso a votar en contra para proteger la soberanía territorial provincial.

Por otro lado, se aprobaron solicitudes de informes para investigar la situación financiera de las empresas petroleras en la región, considerando la necesidad de una mayor transparencia sobre sus operaciones y deudas con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Este control y auditoría se da en el marco de la transición de áreas petroleras en la cuenca del Golfo San Jorge.

Finalmente, se mostró cierto escepticismo respecto a la instalación de un centro de datos de inteligencia artificial en la provincia, lo que despertó dudas sobre su impacto ambiental. Los legisladores decidieron otorgar un plazo de cinco días al Ejecutivo para recibir los estudios técnicos necesarios. Este análisis incluirá una evaluación del consumo de recursos como energía y agua que requerirá el proyecto, así como los posibles beneficios fiscales que podría implicar.