La Legislatura de Neuquén implementará narcotest obligatorios para sus miembros

La Cámara de Diputados de Neuquén ha dado un paso significativo al aprobar un protocolo que establece la realización de narcotests periódicos y obligatorios para sus 35 miembros. Durante una sesión llevada a cabo el miércoles, se aprobó la resolución 1248, que detalla que los testeos serán aleatorios, sorpresivos y se efectuarán en las instalaciones de la Legislatura, sin la necesidad de trasladarse a centros de salud externos.

Esta resolución se enmarca en la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año. Hasta la fecha, la implementación de esta ley se había demorado debido a la ausencia de un protocolo específico, el cual ya ha sido definido con esta reciente aprobación. La iniciativa obtuvo 30 votos a favor y solo 2 en contra, reflejando un amplio respaldo entre los legisladores.

Los controles toxicológicos se realizarán con una frecuencia mínima bimestral y cada legislador será responsable de los costos de sus pruebas. La resolución también establece que la coordinación técnica estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que actuará de manera independiente de las autoridades políticas, garantizando así la confidencialidad y la correcta custodia de las muestras.

En caso de que un legislador presente un resultado positivo en la prueba inicial, se procederá a un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, asegurando un protocolo riguroso para manejar tales situaciones. Este procedimiento podrá llevarse a cabo durante las sesiones ordinarias, comisiones y en cualquier actividad relacionada con el funcionamiento legislativo, lo que amplía considerablemente las instancias de posibles controles.

La aprobación de esta resolución sigue una tendencia que se ha venido reafirmando en la Legislatura desde septiembre de 2025, cuando se sancionaron disposiciones que establecían la obligatoriedad de los narcotests para funcionarios de todos los poderes del Estado provincial. Este avance legislar tiene como objetivo garantizar la integridad y transparencia en el ejercicio del cargo público, como parte de un esfuerzo general por mejorar la confianza en las instituciones.