La Libertad Avanza impulsa juicio político contra jueza por suspender nueva ley juvenil

Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires están promoviendo un juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual. La decisión se da tras la suspensión de 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece una disminución de la edad de imputabilidad a los 14 años. Esta suspensión fue dictada por Pascual argumentando que la provincia no cuenta con las condiciones adecuadas para implementar la ley respetando los derechos humanos de los menores.

La resolución de la jueza fue considerada por los legisladores de LLA, encabezados por Sebastián Pareja, como un acto de abuso de autoridad y usurpación funcional. La denuncia se ve respaldada también por la asociación civil Usina de Justicia, que presenta argumentos similares en contra de Pascual. Según Pareja, la jueza actúa alineada con intereses políticos que contradicen el mandato democrático del Congreso provincial que aprobó la ley.

Pareja y otros legisladores de LLA critican fuertemente a la magistrada, sosteniendo que su decisión contribuye a la impunidad de delitos en la provincia y al deterioro de la seguridad pública. En contraposición, hacen un llamado a fiscalizar el papel de los jueces, sugiriendo que la falta de acción judicial efectiva obstaculiza los esfuerzos por mejorar la seguridad en Buenos Aires.

La resolución de la jueza Pascual se basó en un hábeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que destaca la falta de infraestructura y recursos adecuados para albergar el nuevo régimen. Las alegaciones de la jueza ponen de relieve preocupaciones sobre el bienestar de los menores en el sistema penal, lo que ha generado un claro conflicto de intereses entre la justicia y las políticas de seguridad.

La Ley 27.801, que establece esta nueva baja de imputabilidad, había sido implementada a nivel nacional el 5 de septiembre, pero su aplicación en Buenos Aires se ve ahora comprometida. La disputa refleja la tensión existente entre diferentes actores políticos sobre la manera de abordar la delincuencia juvenil y las condiciones del sistema de justicia juvenil.

En este contexto, el clima político se intensifica, con LLA buscando no solo la destitución de Pascual, sino también promover una agenda legislativa centrada en la seguridad. La respuesta del Ejecutivo y la reacción de otros sectores de la sociedad también jugarán un papel crucial en el desarrollo de este conflicto.