La ONU critica a la CNDH sobre Ayotzinapa y defiende a organizaciones civiles

La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, ha manifestado su oposición a la reciente recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México, en el contexto del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Según la relatora, este pronunciamiento no solo exime de responsabilidad al Ejército Mexicano, sino que también desacredita el trabajo de organizaciones civiles que han estado al lado de las familias afectadas.

Bolaños criticó que la recomendación, liderada por Rosario Piedra Ibarra, desacredite abiertamente a aquellas entidades que han trabajado por la verdad y la justicia en este caso. Indicó que el documento incluye afirmaciones que deslegitiman su labor y recordó que estas organizaciones han desempeñado un papel crucial en el seguimiento de los procesos judiciales y en la defensa de los derechos humanos.

La relatora mencionó que mientras la CNDH busca eximir al Ejército de toda responsabilidad, 17 miembros de las Fuerzas Armadas están actualmente bajo investigación por su posible participación en los eventos de Iguala, Guerrero, sucedidos el 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron los jóvenes normalistas. Este contraste es un punto central en las críticas a la CNDH.

Bolaños hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que se abstengan de cualquier tipo de estigmatización hacia quienes defienden los derechos humanos. Aseguró que el trabajo de la CNDH debería ser un apoyo en lugar de un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, subrayó la importancia de mantener un entorno seguro para los defensores de derechos humanos, a la vez que enfatizó que su labor está protegida internacionalmente.

La recomendación de la CNDH ha generado una serie de reacciones negativas tanto a nivel nacional como internacional, donde diversos organismos y expertos han cuestionado no solo su contenido, sino también el impacto que podría tener en la lucha por justicia que persiguen las familias de las víctimas. Esta controversia pone de manifiesto la tensión existente entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, la CNDH ha respondido a las críticas con una “nota aclaratoria”, sin desmentir su postura sobre el papel de los militares en la desaparición de los normalistas. En cambio, defendió su posición y ha utilizado términos como “antiverdad” para descalificar a quienes sostienen otras evidencias circunstanciales sobre el caso.

Este conflicto no solo resalta las serias preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos en México, sino que también pone en la balanza la responsabilidad de las instituciones estatales frente a demandas sociales que exigen verdad y justicia.