La oposición busca anular el DNU 70 tras fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras

La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la derogación de la Ley de Tierras ha desatado un nuevo debate en el Congreso argentino. Este fallo ha permitido que el controvertido DNU 70, clave en la gestión del presidente Javier Milei, recupere su validez. La oposición, encabezada por varias fuerzas políticas como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, se ha movilizado para convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de derogar este decreto, que elimina las restricciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

Este decreto, que había sido sometido a cuestionamientos legales, permite la adquisición sin límites de tierras, una situación que antes estaba regulada por la Ley de Tierras, la cual estipulaba que únicamente un 15% de la superficie nacional podría ser vendida a inversores foráneos. Con el fallo de la Corte, el artículo 157 del DNU 70 ha recobrado fuerza, lo que preocupa a muchos sectores que temen por la soberanía y la economía nacional.

La decisión de la Corte no solo se centra en la legalidad del DNU, sino que también rechaza la legitimidad que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) tenía para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Esto ha debilitado la estrategia de oposición, que había logrado un apoyo inicial contra el decreto, pero que se enfrenta a la dificultad de la falta de consenso entre todos los gobernadores y dentro del propio parlamento.

La situación es compleja, ya que el DNU 70 fue creado de manera "ómnibus", incluyendo múltiples reformas que van más allá de la Ley de Tierras. Esto dificulta la posibilidad de que el Congreso lo trate en partes; debe decidir su respaldo total o su rechazo completo, lo que limita los márgenes de negociación de la oposición. La votación en el Senado ya había mostrado un rechazo al DNU, pero es en la Cámara de Diputados donde se necesita un mayor esfuerzo para definir su futuro.

En este escenario, los líderes opositores expresaron su intención de continuar con las negociaciones para reunir los votos necesarios y hacer caer el DNU 70. Sin embargo, el horizonte político es incierto y dependerá de conseguir el apoyo de los gobernadores moderados, que hasta el momento han mostrado reticencias hacia el tema de la extranjerización de tierras.

A nivel regional, la preocupación acerca de la posibilidad de una mayor injerencia extranjera en la propiedad de tierras podría tener implicancias profundas en la economía local, la agricultura y la soberanía alimentaria en la Patagonia, una región ya afectada por la explotación de recursos y la presencia de capitales externos. A medida que se acercan las sesiones del Congreso, la situación se vuelve cada vez más crítica. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán fundamentales para definir el rumbo de la política agropecuaria y territorial en el país.