La oposición logró reunir 121 diputados pero fracasó en su intento de sesión
La oposición en la Cámara de Diputados intentó convocar una sesión para discutir temas importantes, pero no alcanzó los 129 legisladores necesarios debido a ausencias de bloques aliados. Esto permitió al gobierno de Javier Milei evitar la discusión de importantes proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento familiar.
En el Congreso, la oposición intentó llevar a cabo una sesión que abordara temas sensibles para el gobierno de Javier Milei, pero no logró reunir el quórum necesario, quedando a ocho diputados de los 129 requeridos. La falta de asistencia de varios legisladores de bloques aliados fue clave en esta frustrada convocatoria, que se centraba en la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, iniciativas para ayudar a familias endeudadas y la derogación de un decreto que modificó cerca de 300 leyes.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció el fracaso de la sesión a las 14:30, mientras en los alrededores del Congreso se desarrollaba una marcha universitaria. A pesar de los esfuerzos de la oposición, que incluía a miembros de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros partidos, los aliados de Milei, como el PRO y la UCR, decidieron no asistir, lo que dificultó la convocatoria.
La ausencia de diputados fue notoria, incluyendo a legisladores de Provincias Unidas y otros vinculados a gobernadores que mantienen buenas relaciones con el oficialismo, lo que revela una división interna en la oposición. Algunos diputados, como Yolanda Vega, alegaron razones de salud para su falta, pero el contexto sugiere un desacuerdo más profundo entre los bloques.
Con esta situación, el gobierno evita la discusión sobre el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, y se prepara para una nueva sesión convocada por La Libertad Avanza para el 21 de octubre. Esta nueva agenda incluye no solo la discusión sobre discapacidad y la situación de las familias endeudadas, sino también un proyecto del PRO que busca penalizar el vandalismo rural.
La ley de Tierras se convirtió en un tema polémico, ya que el DNU 70/23 derogó limitaciones para la compra de tierras rurales por extranjeros, generando descontento y un intento renovado de rechazar dicho decreto. El Senado ya había manifestado su oposición a la norma, mientras que en Diputados la situación política se complica a medida que la oposición intenta reunir los apoyos necesarios.
El oficialismo, por su parte, también está llevando a cabo estrategias legislativas, como la inclusión de la restitución de la ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta nueva dinámica refleja la complejidad de la actual situación política en el país y la necesidad de los gobernadores de negociar acuerdos con la Casa Rosada.