La Pampa demanda a Nación por regalías de Los Nihuiles

El gobierno de La Pampa ha interpuesto una medida cautelar ante la justicia para detener los efectos del Decreto 982/2026, que asigna la totalidad de las regalías del sistema hidroeléctrico de Los Nihuiles a Mendoza. La intención del gobierno pampeano es mantener la distribución equitativa de estas regalías que se aplicó desde 1973 hasta que se resuelva la cuestión en el ámbito judicial.

El decreto nacional, publicado recientemente, anula el Decreto 1560/73, que establecía que las regalías generadas por el complejo se dividieran en partes iguales entre las provincias de Mendoza y La Pampa. Este cambio ha generado un fuerte rechazo del gobierno pampeano, que considera que su derecho a percibir los ingresos relacionados con el sistema hidroeléctrico no solo se basa en el decreto de 1973, sino también en un Acuerdo Interjurisdiccional firmado en 1992, el cual fue aprobado por las legislaturas provinciales y ratificado por la Corte Suprema.

En su defensa, La Pampa sostiene que el acuerdo de 1992 es un compromiso entre jurisdicciones que no puede ser modificado sin consenso y que la intervención del Estado Nacional debe ser considerada en el mismo nivel que los gobiernos provinciales. El Estado nacional, según la provincia, no puede actuar unilateralmente en detrimento de los derechos adquiridos de La Pampa, lo que consideraron como un avasallamiento a la autonomía provincial.

La Pampa también ha señalado que la decisión del gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, afecta principios fundamentales como la buena fe, el federalismo de concertación y la seguridad jurídica. Según la provincia, esta situación representa un perjuicio grave para sus finanzas y recortes presupuestarios en el financiamiento de proyectos locales.

El gobierno provincial remarcó que el nuevo decreto fue implementado catorce días después de que la Corte Suprema solicitara a La Pampa su presencia en la causa en discusión entre Mendoza y la Nación. La Pampa argumenta que el propio Estado nacional había pedido que se incluyera a la provincia en el proceso legal, señalando una contradicción en su accionar.

La medida cautelar busca, al menos de manera transitoria, que se retorne al esquema anterior mientras se dirimen las controversias legales sobre el tema, garantizando así el acceso justo a las regalías que históricamente le han correspondido a La Pampa. Estos eventos resaltan la tensión persistente entre el gobierno nacional y las provincias sobre la administración de recursos hídricos en el país.