La Procuración de Río Negro desestima el planteo de revocatoria de Román
El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, resolvió que el intento del intendente de Allen, Marcelo Román, de revocar decisiones del Concejo Deliberante debe seguir otro camino legal. El dictamen determina que no hay un conflicto de poderes y que el reclamo se inscribe en un proceso contencioso administrativo.

El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, dictó que el planteo realizado por Marcelo Román, intendente de Allen por La Libertad Avanza, en relación a un proceso de revocatoria en su contra no constituye un conflicto de poderes como el funcionario había alegado. Crespo argumentó que el reclamo de Román debería ser tratado a través de un proceso contencioso administrativo, ya que cuestiona la validez de decisiones adoptadas por el Concejo Deliberante sin invocar efectivamente que uno de los poderes esté invadiendo las competencias del otro.
El intendente presentó su reclamo por el avance del Concejo Deliberante en el procedimiento de revocatoria de mandato, el cual sostenía que no contaba con el requerimiento mínimo de apoyo del 10% del electorado municipal. En su análisis, Crespo refirió que el pedido de nulidad que realiza Román se centra en el procedimiento administrativo del Concejo y en el cumplimiento de normativas específicas, no constituyendo en sí un enfrentamiento de poderes.
Román había señalado que existieron irregularidades en las resoluciones 43/2026, 49/2026 y 51/2026, cuestionando especialmente la falta de un respaldo claro por parte del electorado que permita iniciar el mecanismo para revocar su mandato. Alega que el Concejo no presentó la cantidad de sufragios necesarios ni el porcentaje de adhesiones válidas, lo que pone en duda la legitimidad del procedimiento propuesto.
El proceso de revocatoria fue impulsado a partir de la iniciativa de una vecina de Allen, quien recolectó más de 3.120 firmas en 104 planillas, lo que llevó al Concejo a considerar que se habían cumplido con los requisitos formales y a darle a Román un plazo de diez días hábiles para responder a los cargos. Sin embargo, la Procuración sostiene que el cuestionamiento debe ser resuelto siguiendo los carriles administrativos establecidos en la normativa local.
La decisión de Crespo puede tener implicancias en la forma en que se abordan futuros conflictos entre los poderes del municipio de Allen. Al dirigirse por vía contenciosa administrativa, el caso adquirido por Román quedará en el ámbito de los procedimientos y legislaciones que regulan la administración pública, lo cual podría formalizar y clarificar las reglas de juego entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
El escenario político en la ciudad de Allen, ubicada en la provincia de Río Negro, ya ha mostrado en ocasiones anteriores tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. La resolución del procurador podría ser un punto de inflexión en cómo los funcionarios municipales abordan cambios o rechazos en sus mandatos en el futuro, y la manera en que los ciudadanos siguen involucrándose en estos procesos.