La prórroga de la ley de emergencia en discapacidad genera tensión en el Gobierno

La Cámara de Diputados se apresta a debatir la extensión de la ley de emergencia en discapacidad, tras un reclamo creciente de la oposición y organizaciones que representan a este sector vulnerable. La fecha marcada para la decisión es la próxima semana, luego de que se constatara que el Gobierno ha incumplido varias obligaciones relacionadas con el acceso a pensiones no contributivas, esencial para muchas personas con discapacidad.

Desde enero de 2024, se han iniciado casi 90.800 trámites para acceder a la pensión correspondiente, de los cuales solo se han resuelto unos 10.400, lo que evidencia la falta de atención a esta necesidad social. En este contexto, el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó ante el Congreso una deuda acumulada de 70 mil millones de pesos con prestadores de servicios de salud.

En Neuquén, la Ley 27.793 afecta a más de 30.500 personas con Certificado Único de Discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 4,3% de la población provincial. Entre estos, 11.500 a 13.000 individuos estarían bajo el nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad. Esta situación provoca una preocupación adicional, ya que se estima que el 53,2% de estas personas son adultas entre 15 y 64 años, mientras que el 22,9% son menores de 15 años, y el restante representan a los mayores de 65.

La precariedad del sistema se agrava por la limitada cantidad de profesionales habilitados. En Neuquén, alrededor de 800 profesionales de la salud y centros terapéuticos se encuentran activos en el sistema de Prestaciones Básicas, con la responsabilidad de gestionar las compensaciones económicas de emergencia.

La controversia en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad refleja un patrón similar al de otras normativas, como la Ley de Financiamiento Universitario, que también enfrentó veto presidencial y conflictos judiciales. Ambos casos ilustran las dificultades persistentes en la relación entre el Gobierno y la representación legislativa, así como el impacto de estas decisiones en sectores vulnerables del país.

A medida que se aproxima la votación en la Cámara de Diputados, la presión social y política aumentará, poniendo de manifiesto la necesidad de soluciones concretas y efectivas para las personas con discapacidad. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales no solo para salvaguardar los derechos de este grupo, sino también para restaurar la credibilidad del Gobierno frente a sus ciudadanos.