La reforma de la Ley de Salud Mental avanza en el Senado

El Senado de la Nación dio un paso importante en la madrugada del viernes al aprobar la reforma de la Ley de Salud Mental, con 42 votos a favor y 21 en contra. Este proyecto ahora deberá ser evaluado por la Cámara de Diputados para su ratificación final. La necesidad de actualizar la legislación vigente desde 2010 fue defendida por el oficialismo, que subrayó las falencias en el actual marco normativo, incluyendo el uso de internaciones como una respuesta ante la carencia de apoyo familiar y social.

La presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, enfatizó la urgencia de modificar la normativa, mientras que varios legisladores de la oposición manifestaron sus preocupaciones, sobre todo en lo que respecta a la falta de financiamiento para implementar los cambios propuestos. Entre los críticos destacaron figuras como Guillermo Andrada y Carlos Arce, quienes señalaron que la reforma carece de garantías económicas necesarias.

Uno de los cambios más significativos introducidos por el nuevo proyecto es la revisión del proceso de internaciones involuntarias. Ahora, no se limitará únicamente a la intervención de un psiquiatra, sino que permitirá la participación de un médico general con formación en salud mental y un segundo profesional, junto a psicólogos para realizar la evaluación correspondiente. Esta modificación busca facilitar las intervenciones de forma más ágil y eficiente.

Adicionalmente, la reforma amplía la perspectiva sobre las adicciones, incluyendo expresamente la ludopatía entre las problemáticas a abordar. Esto marca un avance en el reconocimiento de diversas formas de adicción que pueden afectar a la comunidad, así como el establecimiento de procedimientos destinados a abordarlas desde un enfoque integral.

La normativa también promueve la realización de teleconsultas psiquiátricas en localidades con escasa disponibilidad de profesionales, lo que podría mejorar el acceso al tratamiento en zonas desfavorecidas. Para los menores de edad, la ley introduce principios fundamentales como la autonomía progresiva y el derecho a ser escuchados, junto con un marco específico que regula su tratamiento dentro de sistemas adecuados y diferenciados en comparación con los adultos.

La reforma mantiene la prohibición de los manicomios y establece protocolos claros sobre quiénes pueden actuar en representación de los pacientes y la responsabilidad del Estado en caso de que no haya familiares disponibles para brindar apoyo. Estos cambios reflejan un esfuerzo por transformar el sistema de salud mental en Argentina, asegurando un enfoque más humano y accesible.