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La SIP critica un proyecto de ley argentino que penaliza la desinformación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por un proyecto de ley en Argentina que contempla penas de cárcel por desinformación. La SIP denuncia que esta norma podría desalentar la actividad periodística y enfatiza las tensiones entre el gobierno de Javier Milei y la prensa.

Por Newsroom Infobae4 min de lectura
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La SIP critica un proyecto de ley argentino que penaliza la desinformación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado su inquietud por un proyecto de ley del Gobierno argentino que establece sanciones penales por "desinformación masiva". Según la SIP, esta iniciativa busca intimidar a los medios de comunicación y es parte de un contexto más amplio de hostigamiento hacia los periodistas, que incluye ataques verbales del presidente Javier Milei y restricciones en el acceso a información pública.

Durante la 82ª Asamblea General de la SIP, celebrada en Bogotá, se aprobó un informe que destaca cómo las tensiones entre el poder político y la prensa continúan en Argentina. El documento menciona casos de amenazas y decisiones judiciales que obstaculizan investigaciones periodísticas, así como la preocupación por el uso de conceptos ambiguos en la nueva ley, como "desinformación" y "campaña coordinada", que podrían generar un efecto inhibitorio entre los comunicadores.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en particular, prevé penas de prisión para quienes, bajo financiamiento extranjero, realicen actividades que alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La SIP y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advierten que esta legislación podría amenazar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas en un país donde ya existen antecedentes preocupantes.

En este sentido, el informe también señala que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha instado a la Justicia a actuar ante informaciones que considera falsas, lo que fue respaldado por Milei. Además, se han reportado restricciones para el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, así como en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía, limitando su capacidad para informar sobre el funcionamiento del gobierno.

Un caso particular citado por la SIP ocurrió en septiembre en la provincia de Formosa, donde un juez condenó a cuatro periodistas a cinco días de arresto, sustituibles por multa, por realizar entrevistas en un evento público, lo que resalta un clima de censura.

Las agresiones del presidente Milei hacia la prensa también son parte de la preocupación de la SIP. Entre el 17 y el 23 de agosto, el mandatario realizó 335 publicaciones en redes sociales criticando a los medios, lo que evidencia una estrategia activa contra los profesionales de la comunicación.

El actual panorama de relaciones entre el gobierno y los medios en Argentina resalta la necesidad urgente de salvaguardar la libertad de prensa en un contexto donde las amenazas y la desinformación pueden afectar la democracia y la transparencia informativa del país.

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