La UCR de Rawson critica a Karina Otero por nombramiento en Petrominera

El reciente nombramiento de José Andrés Bahamonde como nuevo síndico de Petrominera Chubut Sociedad del Estado generó una ola de críticas por parte del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical (UCR) de Rawson. La controversia se desató tras la aprobación de su pliego en la Legislatura Provincial, lo que llevó a la UCR a cuestionar fuertemente a la diputada Karina Otero, quien impulsó la propuesta desde el Ejecutivo.

La UCR manifestó su rechazo a la actuación de Otero al considerar que dicha decisión infringe normativas vigentes. En su comunicado, el partido remarcó la Ley I N.º 129, que estipula que los síndicos de la petrolera estatal deben contar con un título habilitante de abogado o contador, algo que Bahamonde, según su propio currículo, no posee, ya que solo cuenta con estudios primarios completos y secundarios inconclusos.

La situación se agrava por la posición de Otero dentro del partido, ya que actualmente preside la Honorable Convención Provincial de la UCR. Los miembros del comité expresaron su preocupación por la inconsistencia entre las exigencias de cumplimiento de la ley que deben aplicar a otros afiliados y su apoyo a un nombramiento que consideran incompatible con dichas normas. Este doble estándar resulta en una crisis de credibilidad para la dirigencia radical, que se plantea como defensora de valores republicanos.

Las críticas al nombramiento también se centran en un llamado a la ética dentro del partido. La UCR considera que no se puede invocar un compromiso con los principios históricos y republicanos si, en la práctica, se cede ante las decisiones del gobierno provincial por conveniencia política. A través de su comunicado, la UCR señala que pertenecer a una alianza electoral no debe implicar una obediencia ciega hacia el Ejecutivo, y que esta situación pone a prueba los límites de las relaciones políticas dentro de la coalición.

El impacto de esta controversia podría tener repercusiones en el futuro político de Otero y en la relación del radicalismo con el gobierno provincial liderado por Ignacio Torres. La UCR no solo solicita rendición de cuentas a Otero, sino que también establece un precedente respecto a los criterios que deben regir en la toma de decisiones dentro del partido.

En este contexto de tensiones internas, el rumbo del partido y sus futuras estrategias electorales se encuentran en juego, obligando a sus líderes a reconsiderar cómo equilibran la lealtad política con el cumplimiento de la normativa legal.