La UIF actualiza normativas para los Registros de la Propiedad Inmueble

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha establecido nuevas regulaciones para los Registros de la Propiedad Inmueble en todo el país mediante la Resolución 93/26. Este nuevo marco reemplaza las normas anteriores de 2011, estableciendo un sistema de prevención basado en los niveles de riesgo de cada operación registral. Esta actualización está orientada a fortalecer los mecanismos de control en un contexto donde la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas es cada vez más urgente.

Uno de los principales cambios es el requerimiento de reportar mensualmente a la UIF una serie de operaciones, incluyendo la compraventa de inmuebles cuyo valor supere los 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, así como las donaciones sin límite de monto. Además, se incorporan reportes sobre derechos reales originados en actos realizados en el extranjero. La nueva normativa incluye la obligación de enviar la información en formato digital, con un plazo establecido hasta el día 15 del mes siguiente, de modo de facilitar la gestión de datos y la capacidad de respuesta ante transacciones que puedan considerarse irregulares.

Otro punto destacado es la eliminación de la declaración jurada que anteriormente debían presentar los registros. En su lugar, los registros deberán adoptar herramientas tecnológicas que les permitan analizar las transacciones realizadas y detectar operaciones sospechosas. Dichas herramientas facilitarán la identificación de alertas, como inscripciones repetidas sobre el mismo inmueble en un corto periodo o la existencia de múltiples documentos identificatorios asociados a una misma persona.

La normativa distingue entre operaciones inusuales y sospechosas. Las operaciones inusuales son aquellas que presentan montos o características que se desvían del patrón habitual del cliente, o que carecen de justificaciones económicas o jurídicas suficientes. Este tipo de operaciones deberán ser documentadas y analizadas; si surgen indicios de que son sospechosas, los registros estarán obligados a reportarlas a la UIF.

La actualización de estas regulaciones es un paso significativo hacia la modernización de los procedimientos de registro en el país y apunta a mejorar la transparencia y el control sobre las transacciones inmobiliarias. Esta medida impactará no solo a los registros provinciales, sino que también tiene implicaciones para las operaciones inmobiliarias en un contexto más amplio, dado que la prevención del lavado de activos es una preocupación central en la economía argentina.

A medida que se implementen estas normas, se espera que los Registros de la Propiedad adaptarán sus procesos operativos y tecnológicos, lo que podría generar un cambio importante en la forma en que se registran y gestionan las propiedades en el país.